Opinión

De la transparencia al sistema de anticorrupción: ¿cómo nos arreglamos?

 
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Corrupción. (definicion.de)

El tiempo legislativo federal –lo que va del periodo ordinario de sesiones– ha estado marcado por las exigencias que el Congreso de la Unión trae encima respecto de las leyes secundarias de transparencia y anticorrupción.

Se trata de rezagos, demoras, dilaciones en aras de los consensos básicos para cumplir con los plazos que les fijó la Constitución a efecto de contar con instrumentos normativos de vanguardia para culminar el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la conexión funcional de aquel con un Sistema Nacional de Anticorrupción.

El Senado ha vuelto ser el epicentro de las grandes hazañas legislativas, la comisión que encabeza Pablo Escudero Morales revisa de frente a la sociedad civil organizada y expertos las condiciones para la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 3de3, la del Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal etcétera.

En el contexto de esos apremios del Poder Legislativo Federal por concretar las leyes secundarias pendientes, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) organizó el foro “La Información en el Combate a la Corrupción. ¿Cómo nos arreglamos?” evento organizado por mi colega Joel Salas Suárez con un excelente programa de mesas temáticas y un prestigiado elenco de personalidades, panelistas y moderadores, que articularon palabras e ideas para esbozar los lastres visibles y los invisibles de la corrupción en México.

En animado debate se vislumbró el fenómeno en abstracto y algunas modalidades de la corrupción, sus más evidentes manifestaciones y, como suele ocurrir, presentaron gráficas y resultados de encuestas y mediciones, algunas alarmantes sobre la ubicación de México en la tabla de los países corruptos (deberían decir países en que se comenten más conductas corruptas).

En el foro quedó constancia de la convicción conjunta de trabajar para combatir la corrupción en tanto que es un freno a la potencia de la sociedad, un impuesto al desarrollo humano, social, económico y político que además de sus costos pesa como una densa losa sobre la conciencia nacional que ofuscada pudiera convencerse de ser –la corrupción– un maleficio insuperable.

En el panel expuse que la corrupción asociada al proceder de los poderes públicos puede concebirse en un conjunto de prácticas o en el resultado de aquellas en tanto que forjan procedimientos ajenos al cobijo de la legalidad vigente, pero inclusive en una democracia en consolidación –no es impensable– ocurran cosas como las que vuelven legales aunque ilegítimas soluciones que en el fondo obedecen a los afanes de quienes negociaron desde una posición dominante esas leyes y dichos reglamentos.

La corrupción bloquea las puertas y tapa las ventanas del edificio público. Para evitar se descubra que impera la opacidad en beneficio de la ilegalidad se precisa un intenso ejercicio de la ciudadanía vía solicitudes de acceso a la información y con el fruto de los reclamos informativos ir a denunciar los hallazgos criminógenos para incidir en la activación de la legalidad encima de la oportunidad.

Para ser consecuente con el título de esta reflexión debo reconocer que la transparencia para con ese sugerente vocablo asociar al acceso a la información pública ha de ser un esfuerzo individualizado pero sólo justificado si se vuelve socialmente útil.

La transparencia por sí misma no es destino. La transparencia puede, como se ha dicho tanto, servir para hacer diáfano lo nebuloso pero infecunda a la transformación de lo inaceptable en tanto que no llegue a la conexión de lo indebido con el combate a lo que lo hubiera generado.

La transparencia sólo puede tener sentido cuando sirva para a partir de ella se desencadenen procesos y procedimientos dirigidos a favorecer el derecho a la verdad, el derecho a una buena administración pública.

Los únicos arreglos que caben en una democracia son aquellos que encuentren cabida a la luz de la legalidad y uno de estos arreglos benéficos y saludables son los que mueven y conmueven voluntades para que se legisle y pronto la mejor versión del conjunto de las leyes secundarias que están en el penúltimo peldaño de la cima parlamentaria.

El autor es comisionado del Inai.