Opinión

De la transparencia
al gobierno abierto

 
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Gobierno Abierto

Muchas veces utilizamos como sinónimos conceptos como gobierno electrónico, datos abiertos, transparencia y gobierno abierto, conceptos útiles en sí mismos y relacionados entre sí, pero con implicaciones diferentes para el diseño de políticas públicas.

En este contexto es muy bienvenido el número 24 de los Cuadernos de Transparencia editados por el INAI, bajo el título 'Gobierno abierto', cuyo autor, Alejandro González Arreola, es experto en el tema y fundador de GESOC.

En el pasado y quizás antes de que habláramos de transparencia, gobierno electrónico y datos abiertos, ya hablábamos de abrir espacios a la sociedad en la gestión de gobierno, pero esta agenda ha avanzado mucho más lentamente que las tres primeras.

La agenda de gobierno abierto viene a revivir ese debate ya que aunque se trata de un concepto en construcción, en el Cuaderno se destaca que entre los elementos del gobierno abierto se encuentra el de ‘establecer modelos más horizontales de gobierno-sociedad en el abordaje de los asuntos públicos’, así como ‘fomentar una mayor interacción con la sociedad en la priorización de los problemas y en las alternativas de solución’.

Es cierto que se han abierto más espacios a la participación de la sociedad en los consejos de instituciones como el INE o el Coneval, por señalar dos ejemplos que se vienen a la mente; y que organismos de la sociedad civil son cada vez más escuchados en el trabajo legislativo o en la elaboración de regulaciones, donde destaca el trabajo de Cofemer, o en la selección de puestos clave de las instituciones; sin embargo, la poca receptividad a las sugerencias y a las críticas que realizan miembros de la sociedad civil, el espionaje a los mismos denunciado recientemente y los ataques a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA, nos indican que en el ámbito público están faltando dos aspectos fundamentales para que se de un proceso exitoso de interacción sociedad-gobierno: saber escuchar y saber aprender de las críticas.

Para dejar más claro lo que pienso, cito, espero que correctamente, dos ideas que he escuchado de colegas en el ámbito público. La primera cita es del senador Juan Carlos Romero Hicks, quien ha señalado que los funcionarios públicos "tenemos que aprender a escuchar sabiendo que al escuchar corremos el riesgo de aprender y ese riesgo hay que correrlo todos los días", y la segunda de Ramón Muñoz, amigo y compañero en la administración del presidente Fox, quien constantemente señalaba que para los servidores públicos "las críticas deben ser asesorías gratuitas y las quejas solicitudes de servicio".

Si del lado de los servidores públicos me parece que falta saber escuchar y aprender de la crítica, me parece que de los dos lados, del lado de la sociedad y del lado del gobierno, nos hace falta saber dialogar, entendiendo que "dialogar significa cambiar de silla, ver las cosas desde la perspectiva del otro" como diría el extraordinario semiólogo Alfonso Ruiz Soto.

Muchas veces desde la sociedad no entendemos los márgenes legales o cual es la responsabilidad de los servidores públicos y les pedimos más de lo que nos pueden dar; y del lado de gobierno se piensa que la visión de las cosas es solo una y se ve con desconfianza la participación de la sociedad.

Para dialogar es fundamental ponernos en la zapatos de los otros. La interacción gobierno-sociedad es de dos vías y de los dos lados hay que trabajar para construir mejores espacios de diálogo, participación y colaboración.

En el cuaderno escrito por Alejandro Gonzalez se señala citando a Rafael Valenzuela, “Si la transparencia implicaba ‘abrir las ventanas’ del gobierno al escrutinio de la sociedad, el gobierno abierto implica también “abrir las puertas” del gobierno a la sociedad para acceder a los lugares mismos en donde se toman, implementan y evalúan las políticas públicas”.

Ojalá tengamos candidatos a la presidencia convencidos de tener un gobierno abierto, un gobierno que abra las puertas a la sociedad y no sólo las ventanas, porque al final, esto último ya es una obligación constitucional.

El autor es profesor Asociado del CIDE

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