Opinión

De desigualdad y otros sinsabores

 
1
 

 

SCJN

Del cúmulo de resoluciones últimas que han sido pronunciadas por la SCJN, y del entendimiento del contenido discursivo más reiterado que se pronuncia en las tribunas del legislativo, nos debe quedar muy claro el mensaje: vivimos en una época en la que habrá de combatirse la desigualdad en todas sus vertientes.

La decisión de declarar la inconstitucionalidad del andamiaje normativo que impide a los propietarios de vehículos antiguos obtener la calcomanía que los habilita para circular todos los días, es un reflejo de los tiempos que vivimos y de la justicia más elemental, en función de la objetividad con la que se debe impulsar una política pública en materia ecológica.

No existe de hecho ninguna justificación técnica para imponer la restricción a los propietarios de automotores con antigüedad mayor a ocho años para circular todos los días, que se pueda sustentar en la vida misma del aparato, porque no hay una correlación directa entre la época en la que fue fabricado y las emisiones contaminantes que produce cada coche.

Es por eso que resulta muy fácil entender que el tratamiento normativo que discrimina a los propietarios de vehículos automotores por la edad del bien, es abiertamente inequitativo y, consecuentemente, inconstitucional, por otorgar un trato desigual a personas iguales, cuando se llegue a demostrar que los aparatos sujetos a inspección emitan exactamente el mismo número de partículas de plomo por millar que los vehículos nuevos.

Es así que debemos de congratularnos por contar con un sistema de justicia que funciona y un conjunto de notables del derecho que entienden, en las corrientes más modernas y progresistas del pensamiento jurídico, cuál es el papel tutelar que le compete a un tribunal supremo de justicia.

Pero el punto no se queda ahí, la verdad de las cosas es que también es meritorio destacar la atinada decisión adoptada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que no obstante haber visto constitucionalmente truncada una decisión de gobierno apoyada en un criterio equivocado de sus abogados, con frialdad y justicia ha girado las instrucciones para modificar la normatividad vigente y redefinir los extremos de la prohibición en torno de aquello que desde el inicio se pretendió regular: la emisión de contaminantes. Así, se permitirá que mucha gente goce, equitativamente, del mismo derecho para usar sus vehículos a lo largo de la semana de acuerdo con los contaminantes que cada uno emita, pero siempre alejados de la antigüedad del vehículo, sin la oprobiosa necesidad de promover un juicio de amparo.

Sin embargo, no podemos dejar de ver que si bien es cierto que la medida resulta justa de una manera, dejará intocado un problema que seguirá aquejando a la ciudadanía y perjudicando, de un modo u otro, al interés social: el carcachismo.

En países avanzados como Japón, se imponen obligaciones fiscales a cargo de los propietarios de vehículos viejos en mayor proporción a los de último modelo; sí, impuestos a su cargo por el hecho de tener un coche con un determinado número de años en circulación en contraposición a las personas más ricas que manejan vehículos nuevos. ¿Injusticia?

La renovación del parque vehícular tiene un lógico sentido que va, desde la generación de una actividad económica que dinamiza el crecimiento generalizado inmediato y directo, o indirecto, de sectores que conviven con la industria automotriz; pasa por la aceptación del avance tecnológico y el mejoramiento de la maquinaria con respecto a la emisión de menores partículas de carbono y otros contaminantes; persigue la desincentivación de la venta de autopartes y con ello mercados ilegales; busca el reciclaje y el mejoramiento de esta industria novedosa y esencial para la sustentabilidad del planeta; y por último, aunque nos parezca chocante, busca el mejoramiento de la imagen urbana y su sentido social, porque un vehículo viejo y descuidado, siempre quedará en una posición desventajosa con relación a uno nuevo por cuanto a la concepción y desarrollo de urbes modernas y de vanguardia, con toda la implicación económica, turística y social que ello lleva implícito.

Hoy hemos ganado en términos de igualdad; pero ¿acaso habremos perdido algo? ¿Cómo habrá de resolverse el problema del carcachismo? ¿Habrá quienes se atrevan a decir que no existe o que no es un problema, y que, al final del día, no había esa intención subyacente en la política impulsada por el Gobierno de la capital? ¿Es acaso necesario que lo digamos o deberemos de conservar siempre un prudente silencio cuando se trate de identificar un problema que afecta a una clase social por encima de otra, si dentro de la integralidad de un programa se trata de resolver de una mejor manera para todos y eso pudiera tener una apariencia de injusticia, aunque mal comprendida?

El problema de la movilidad se debe de atajar de distintas maneras y una de ella será invirtiendo en la creación de vías adecuadas para el transporte no motorizado, o en la adquisición y puesta en marcha de transporte público de verdadera calidad. Pero en el terreno del transporte privado también deberá de hacerse algo.

El reto no es exclusivamente económico, no es técnico ni ambiental. Un desafío adicional se halla en el ámbito de lo jurídico constitucional, porque en la medida en la que no se sepa motivar y explicar una política pública o un ordenamiento legal, por cuanto a cualquier causa justa que persiga, difícilmente llegará a haber un criterio judicial que lo soporte, porque este se inclinará siempre a proteger de la manera más benevolente los derechos de quien, en la balanza y aunque sea tan solo de manera aparente, sea el más desfavorecido. Justicia al fin y al cabo.

También te puede interesar

Twitter:@Cuellar_Steffan

Las bases para construir el piso parejo

Anacronismo constitucional

El resultado, entre líneas