Opinión

De cabildeo y política

Corrupción e impunidad son dos cánceres de la convivencia social en México. Si la experiencia es una cadena de errores, ante la adversidad se requiere compromiso. La violación a los derechos humanos con la complacencia desde el poder socava instituciones y lesiona a la sociedad. La corrupción, a la vez, es una degradación que puede llevar a la putrefacción del sistema. Cuando además ésta es usada desde el poder público para obtener un beneficio personal, se trastoca el Estado de Derecho. Cuando no hay castigo, pese a denuncias, se afianzan las prácticas corruptas y la impunidad. La debilidad institucional se acentúa.

Un elemento que las prohíja es el narcotráfico, ante la disyuntiva de plomo o plata, no solo autoridades, ciudadanos en general se ven sometidos e inmersos en estas prácticas que no se aprecian tan riesgosas como lo son. Finalmente Agustín Carstens reconoció que la narcoviolencia afecta al país. Esto no implica que se paralicen inversiones, se evalúan en función de la certeza jurídica y la seguridad que se brinda a los inversionistas. La transparencia es el antídoto de la corrupción. A procesos más abiertos, menores oportunidades de registrar malas prácticas. Pero no es suficiente.

Ya el Presidente Peña había avanzado en propuesta para combatir la corrupción, mediante la creación de una Comisión Nacional. El Senado aprobó la iniciativa, pero quedó congelada en la Cámara de Diputados por falta de acuerdo ante las modificaciones hechas en el Senado. Hoy el PAN, a través de Ricardo Anaya, presenta ante la opinión pública una propuesta que esta misma semana hará llegar al Congreso. De inmediato el PRI, en voz de César Camacho, se pronunció por apoyar la iniciativa. Esto permite que el Presidente Peña honre su compromiso de campaña, enmiende un poco su visión de que la corrupción es cultura, y perfeccione instrumentos que permitan enfrentar este fenómeno que es parte de las preocupaciones de inversionistas extranjeros.

El PAN registró varios fenómenos de corrupción durante su gestión presidencial en doce años, algunos casos como Oceanografía aún en proceso de investigación, pero su propuesta sin duda abona a su posicionamiento. Busca crear un Sistema Nacional Anticorrupción, donde la Secretaría de Función Pública (SFP) no desaparece, más bien se fortalece. Son seis ejes los que constituyen la propuesta para combatir corrupción: crear un Consejo Nacional; un Comité de Ética Pública; fortalecer aspectos de auditoría e investigación de la SFP y sea la Cámara de Diputados quien apruebe nombramientos de los Órganos Internos de Control; facultades mayores a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción conforme reforma constitucional; trasladar sanciones al ámbito penal y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; replicar esquema en los estados.

El PRI, a través de Manlio Fabio Beltrones llamó a instalar de inmediato mesa de acuerdos para analizar ambas propuestas, las del PAN y la minuta del Senado; así como la iniciativa original de EPN. Son cuatro los puntos de acuerdo que se vislumbran, el de Código de Ética, el de fortalecer a la SFP y a la ASF; la creación de la Fiscalía Especializada; y crear un Tribunal de Cuentas. En este periodo ordinario tendremos el nuevo marco jurídico.

Aunque en los corrillos del Senado bromean con el hecho que no pueden desparecer Podres que no existen en Guerrero, lo cierto es que se analizó la petición del PAN al respecto. En la sesión del martes la Comisión que estudia el caso dictaminó improcedente la misma, con votos del PRI y el PRD. El PAN señaló que los argumentos jurídicos de la Comisión son correctos, pero que no se realizó investigación del caso para considerar el asunto en todas sus dimensiones. Tras receso, se anunció que se daría hasta el 30 de octubre para presentar el dictamen, para dar espacio a que el propio Gobernador Aguirre considere presentar su renuncia en términos del artículo 80 constitucional.