Opinión

De cabildeo y política

Tras intenso cabildeo el Congreso aprobó y ya se promulgó la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que abre una nueva etapa para usuarios, empresas y autoridades reguladoras. La noticia que cimbró al Congreso, en plena discusión y votación de la reforma, fue el anuncio de América Móvil de vender parte de sus activos a fin de no ser preponderante en su sector y verse obligado a reglas asimétricas en su competencia por el mercado. La aplicación de las leyes ya tiene la primera respuesta. Tocará al Instituto Federal de Telecomunicaciones hacer posible una competencia que beneficie a los usuarios, y que las empresas no adopten estrategias para eludirla. La competitividad del país pasa por este importante sector en los tiempos modernos.

En cuanto a la reforma energética, el tema que al final genera más polémica es el relativo a la expropiación de tierras privadas, comunitarias y ejidales, para favorecer a la industria frente a conflictos sociales. Actualmente mineras, generadores eólicos de energía eléctrica y otras empresas se enfrentan a la complejidad de negociar con propietarios, generalmente ejidales, que rentan o venden sus tierras, pero que al final entran en conflicto para renegociar mejores condiciones frente a las ganancias que estiman realizan las empresas, cierran accesos, denuncian daños ecológicos, presionan a las autoridades locales. Se ha creado todo un universo de distintas organizaciones no gubernamentales, sociales, ambientalistas, jurídicas, que se dedican a apoyar estos movimientos como su forma de vida, tomando beneficio de las renegociaciones.

Esto generó un impuesto adicional a la minería para que el Estado cuente con recursos para atender conflictos y crear infraestructura en las localidades afectadas. Sin embargo, es difícil que los recursos lleguen a comunidades apartadas en tiempo para resolver conflictos y atender carencias, por lo cual sólo se restó competitividad a esta actividad. Las empresas grandes además de pagar por las tierras, incorporan servicios sociales como escuelas, clínicas, agua, caminos, reforestación, como parte de su política corporativa de responsabilidad social, pero nunca son suficientes. La ley además las obliga a aplicar estándares ecológicos y remediación ambiental.

Estos antecedentes son lo que preocupan a inversores que sin lugar a dudas requerirán de superficies y accesos a las mismas, que serán propiedad social o privada, con cuyos propietarios deberán llegar a un acuerdo. El marco legal para lograr dichos acuerdos no es sencillo. En derecho agrario se tutela a las comunidades pero aún así los conflictos son severos. Concluyen cuando se pactan condiciones adecuadas para ambas partes, tras un periodo de incertidumbre y confrontación, y se resuelve con mayores pagos o con asociaciones productivas comunidades-empresas.

Pero la labor de negociación es puntual y responde a la situación del inversionista y las expectativas de las comunidades, a veces desproporcionadas en función del desconocimiento de los costos reales de producción y realización de ganancias.

Por eso en materia de hidrocarburos se recurría, en última instancia, a la expropiación, contra la cual alzan su voz asociaciones ejidales, comunales y propietarios privados. Finamente se aprobó una modificación que crea la figura de “ocupación temporal” y la de “socios” para estipular que los dueños de las tierras reciban al menos 1.0 por ciento de las utilidades de las empresas, y se lleguen a acuerdos. Sólo en caso de no lograrse, el Estado se reserva la ocupación temporal de la tierra, lo cual no exime a las empresas de compartir beneficios económicos con las comunidades. Proliferarán los grupos de mediadores en este escenario, tanto ONG como cabilderos y empresas trabajarán con comunidades en búsqueda de mutuos beneficios. Habrá, de cualquier manera, una gran efervescencia en nuestro campo.

Los dictámenes quedaron listos y se solicitará a la Comisión Permanente un periodo extraordinario a fin de lograr el quórum en ambas cámaras. Con esto se cierra el ciclo de los acuerdos.