Opinión

De cabildeo y política

En el dictamen relativo a las leyes de hidrocarburos, inversión extranjera, minería y app -que constituyen el primer paquete de leyes secundarias- que se trató de discutir ayer martes, se introdujeron más de ochenta cambios señalaron los presidentes de las comisiones en el Senado, David Penchyna y Raúl García.

Se podrá adelantar la apertura en la venta de gasolinas, casi dos años y medio; y se incluye 35 por ciento de contenido nacional en el sector hacia 2025, excepto en aguas profundas; en cuanto a permisos, se quitan a la Secretaría de Economía facultades que se transfieren a la Comisión Reguladora de Energía como el transporte, distribución, almacenamiento, descompresión, compresión, regasificación, comercialización, expendio público de hidrocarburos, gas licuado, petrolíferos y petroquímicos. Permanecen en Energía los permisos relacionados a importación y exportación, para tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural y sus modelos de contratación, con sus modalidades de pago.

También se especificaron mecanismos de adjudicación de contratos, con subasta. Se excluye a la SHCP de dar su opinión para precalificar licitantes en una licitación. Se incluye al sector privado en el Consejo Consultivo al Fomento Industrial de Cadenas Productivas que presidirá la Secretaría de Economía. Moderniza la industria de hidrocarburos en el país a través de sistemas integrados para gas natural, gas licuado, petrolíferos y petroquímicos que interconectarán transporte y almacenamiento, y que serán autorizados por la Comisión Reguladora de Energía, conforme lineamientos que se expidan al efecto. Se retira la apertura a la inversión extranjera petronaval, aunque sí se permite la terrestre.

En general, se otorga mayor certeza jurídica a los inversionistas, y se fortalecen los controles y los órganos reguladores. Así, será la Comisión Nacional de Hidrocarburos la que aprobará los planes de exploración y desarrollo para la extracción de hidrocarburos; autorizará modificaciones a contratos para que participen alianzas; se amplía el período para rescindir o revocar contratos a cuatro meses, a empresarios que incumplan, pues se debe notificar causales a fin de que en 30 días el asignatario presente pruebas pertinentes y en 90 días se motive, justifique y notifique acuerdo. Cambian también las sanciones económicas y se aumentan por publicar información propiedad de la nación.

La expropiación con fines de utilidad pública para la industria de hidrocarburos se incorpora a la legislación como de interés social y orden público por encima de cualquier otro uso, minería incluida. Para proteger a los dueños de las tierras ricas en petrolíferos se establecen indemnizaciones en efectivo, en especie y compromisos de empleo o de contratos en diversas actividades, incluye derechos de vía, y en caso de tratarse de terrenos sujetos a la Ley Agraria, se seguirán sus procedimientos y los pagos de la prestación se depositarán en el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Los contratos o acuerdos de las partes deberán presentarse ante el Tribunal Agrario para ser validados. Se autoriza a las empresas mineras de carbón la
exploración y extracción de gas natural mediante adjudicación directa.

El PRD anunció que se opondrá a la Reforma Energética pero no se marginará de la discusión. Atoró la misma al rechazar la propuesta PRI-PAN para acotar el debate, al limitar el número de oradores, lo que obligó a un receso. Mientras, el PAN señaló que ya los congresos locales procesan la reforma política, por lo cual continuarán los trabajos en comisiones tanto para dictaminar telecomunicaciones como energía; sin embargo, aclaró que aún hay temas no acordados. La discusión en vivo puede ser seguida en el Canal del Congreso.

En Cámara de Diputados se procesa la parte fiscal de la reforma energética, y se contó con Luis Videgaray y otros servidores públicos de la SHCP en comisiones. Hay cuestionamientos en torno a si la propuesta realmente libera a Pemex de la carga fiscal excesiva y lo dota de autonomía presupuestaria. Al manejar Hacienda los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo derivados de la explotación petrolera y sus modalidades de contratos, ésta controla a la paraestatal y determina el techo para proyectos de inversión, en forma discrecional, aseguran legisladores perredistas.