Opinión

De cabildeo y política

Rosario Guerra

El día de ayer el Presidente Enrique Peña envió al Congreso de la Unión la propuesta de reforma constitucional en materia político-electoral para que en caso de rebase de topes de campaña se anule la elección. Este tema incluye la contratación de medios de comunicación, ya prohibidos a partidos y candidatos, así como el uso de recursos de procedencia ilícita que amplía el concepto de las prohibiciones que hasta el momento se contenían en la legislación vigente.

Este paso, que tanto PAN como PRD han exigido, concreta una Reforma Política que profundiza las anteriores. El rebase de topes de campaña, que buscó la equidad en las contiendas, ha dejado de tener el impacto que en su momento registró en las primeras reformas, ya que se venía de una situación de partido hegemónico que utilizó recursos públicos en las campañas electorales. Las cosas han cambiado, pero no mucho.

En la era del marketing político, cuando se han reducido los tiempos de campañas políticas, así como sus montos, es indispensable que el candidato se encuentre ya posicionado entre el electorado, a nivel del alcance de su competencia, local o federal.

Por tanto, la contratación de medios se efectúa antes de las campañas políticas electorales, como hemos registrado, con motivo de informes, eventos, metas cumplidas, en fin cualquier situación que convoque a los medios de comunicación.

Un posicionamiento lleva tiempo, recursos y esfuerzos, requiere de mensaje, imagen, repetición. Y se conforma a través de un trabajo previo al electoral. El rebase de topes de campaña ya se penalizaba, pero no incidía en resultados electorales. Las consideraciones se sustentaban en que la voluntad política del electorado, no podía estar sujeta a los errores de registro y/o administración de los partidos, como sucedió en el caso de AMLO y su campaña de 2012.

Aunque en esa época hubo consenso en ese precepto, los abusos registrados en distintas campañas que desplegaron recursos millonarios, que no se contabilizaron, llevaron primero a evitar la contratación de medios por parte de los partidos y los candidatos, ya no sólo implicarán multas, sino la anulación de la elección. Se ha profesionalizado la rendición de cuentas en los partidos políticos, aunque siguen siendo recurrentes las multas que año con año se imponen por la autoridad electoral.

Anular elecciones por rebase de topes de campaña implicará un mayor cuidado en el manejo financiero de los partidos, pero si además consideramos que están las opciones de candidatos externos a los partidos y de difíciles pero posibles candidaturas ciudadanas, veremos que un candidato o personalidad bien posicionada será disputada por los partidos. Ya no se gana en las campañas, se define la competitividad previamente a éstas. Y con la reelección legislativa, se motiva el trabajo de posicionamiento en forma importante.

Lo que realmente está ocurriendo es que se está consolidando una nueva clase política, con acceso a recursos, que trascenderá en el tiempo a los propios partidos e incluso a las elecciones. En una sociedad con niveles de alta marginalidad, la representación política es trascendental, la movilidad política y social han coadyuvado a mejorar calidad de vida cuando hay vocación de servicio. Incorporar la representación social a la gobernanza es indispensable, y hoy se concreta por distintas vías, no necesariamente partidistas. Son importantes los cambios y responden a un reclamo, pero su orientación y alcances son aún cuestionables. La única forma de que los recursos se auditen es que en realidad se transparenten, que se conozca quiénes aportan y cómo lo hacen, pero éste no es el sentido de las reformas.