Opinión

De cabildeo y política

16 abril 2017 18:50
 
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AMLO

Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, así sucede con los derechos políticos de las mujeres. La violación es sistemática y creciente. No es casual, pues en las últimas dos décadas México ha avanzado en tutelar e impulsar la participación de las mujeres en la política. En 1994 se fijaron los primeros criterios de discriminación positiva, a través de cuotas para obligar por ley a los partidos políticos a postular mujeres en un 30% de sus candidaturas plurinominales, hasta llegar a la paridad en la última Reforma Política para la postulación de mujeres en candidaturas, como requisito para registrar las propuestas de los partidos, ya no como cuota, sino como principio de igualdad.

La incorporación de las mujeres a la política ha enfrentado fuertes resistencias culturales y acciones que pretenden limitar sus derechos, es una práctica partidista. Al principio los partidos enviaron la cuota del 30% al final de la lista plurinominales o a las suplencias, para acreditar el cumplimiento. En la defensa de sus derechos las mujeres se han organizado más allá de filiación partidista y han logrado avances importantes. La cuota se amplió a 40% y después abarcó candidaturas uninominales. Para eludir el cumplimiento puntual algunos partidos simularon cumplir con las obligaciones de ley postulando mujeres con suplentes varones, los cuales terminaban ocupando las curules, tras la renuncia, previamente pactada, de las mujeres ganadoras. Beatriz Paredes utilizó esta figura para cobijar a algunos impresentables como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Esta figura conocida popularmente como "juanitas", por la práctica iniciada por AMLO para imponer a Clara Brugada como Delegada en Iztapalapa, pidiendo el voto para otro militante al que llamó Juanito, fue impugnada ante el Tribunal Electoral por Mujeres en Plural, grupo integrado por militantes, académicas, periodistas y feministas de diferentes filiaciones partidistas.

El Tribunal, entonces presidido por María del Carmen Alanís, falló a favor con histórica sentencia, la 12624, y estableció medidas para evitar simulaciones consistentes en ordenar que cuando la titular fuese mujer, la suplente fuese otra mujer. Se logró que en listas plurinominales se intercalaran postulaciones por género. Y los partidos tuvieron que acatar la medida.

Las cuotas son acciones afirmativas para evitar discriminación que se utilizaron por minorías en la lucha por sus derechos, como afroamericanos o comunidad gay. Las mujeres las incorporaron como instrumento de su lucha aun cuando no son minoría. Se trata de medidas temporales para forzar inclusión, que desaparecen conforme la sociedad avanza en una normalidad para la convivencia sin discriminación.

Pero en la lucha feminista, que constituye una lucha por la igualdad plena, se recurre al principio de paridad como instrumento para alcanzarla. No se trata de una cuota, ni de una medida temporal, es un principio que reconoce e impulsa la igualdad de derechos de todas las personas, más allá de las diferencias. Todas las personas, todos los derechos. Y este principio se incorporó al texto constitucional, en su artículo 41, para garantizar que las candidaturas para integrar el Congreso de la Unión y los Congresos Locales fuesen integrados por igual número de mujeres que de hombres. Si bien no incluye al nivel municipal, en otros juicios emprendidos por mujeres, se logró que la SCJN reconociera a los cabildos como órganos colegiados y sujetos a la paridad.

La lucha por incorporar la paridad en las candidaturas a Presidencias Municipales continúa y ya más de la mitad de las entidades federativas han incorporado este principio en sus Constituciones Locales para postular candidaturas. Sin embargo, se ha incrementado la violencia política contra las mujeres. Las que denuncian en Tribunales ganan los juicios, más no las candidaturas. Se les amenaza, se imponen sanciones o se les margina por su rebeldía. El lugar lo ocupa la mujer que el hombre en posición de liderazgo decide. Muchas mujeres electas son violentadas para abandonar el cargo. Chenaló el más emblemático. El Tribunal Electoral mantiene la defensa de los derechos políticos de las mujeres, pero no todas denuncian. Por eso se ha impulsado la tipificación del delito de violencia política contra mujeres por el Senado y aún falta que Cámara de Diputados lo apruebe. Se busca inhibir que las mujeres sufran amenazas, castigos y ataques, exclusión, por exigir sus derechos políticos como hoy sucede con mayor intensidad ante los avances. Aún falta mucho por avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria, sin discriminación, pero nos mantenemos en la lucha.

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