Opinión

De cabildeo y política

15 diciembre 2016 5:0
 
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Ana Gabriela Guevara. (Cuartoscuro)

“La impunidad es un elemento clave en la perpetuación de la violencia y la discriminación contra mujeres” ONU

El Senado tuvo ayer dos tema en su agenda, la condena por la brutal agresión perpetrada contra la medallista olímpica y Senadora Ana Gabriela Guevara y la aprobación del uso medicinal de la marihuana. Violencia y uso de drogas se entrelazan de nuevo en la tribuna. Enmarcan a la vez la discusión por la ley de Seguridad Interior que dotará a las fuerzas armadas de un marco legal para actuar en el combate al narcotráfico.

La política de prohibiciones al uso de las drogas por la ONU empieza a cuestionarse seriamente, pues solo beneficia a la industria farmacéutica y no resuelve los problemas de salud de la población mundial que no tiene acceso a medicamentos patentados que utilizan remedios ancestrales. Ayer el Senado dio un paso en la legalización del uso medicinal de la marihuana, ya que aprobó también su producción, comercialización e investigación para atender enfermos que requieren de este remedio, como se testificó con la presencia de padres y niños que solicitaban cannabidiol.

Ya no tendrán que recurrir a amparos, los investigadores podrán desarrollar el uso medicinal y producir medicamentos, la importación queda abierta y se reconoce así que las políticas prohibicionistas basadas en prejuicios sobre el uso de las drogas va quedando atrás. Será la Secretaría de Salud la encargada de diseñar la política pública que regirá esta disposición. Un aspecto muy importante que quedó fuera de la legislación es el consumo lúdico que mantiene a miles de jóvenes en las cárceles. No prosperó la propuesta presidencial para permitir la portación de 28 gramos, se sigue criminalizando a los consumidores. Pendiente la propuesta del Gobernador Astudillo para aplicar este criterio al cultivo del opio en Guerrero.

Se avanzó un paso, pequeño pero importante. Falta aún estudiar los caminos para la legalización del consumo de drogas. Criminalizar no resuelve el problema, lo agrava, lanza a los jóvenes a la ilegalidad, profesionaliza la delincuencia. Es necesario prevenir. Decisiones informadas hacen buenas decisiones. Falta mucho por avanzar y de ahí la crítica de la izquierda a este primer esfuerzo que estiman insuficiente. Pero los prejuicios son terribles, Cristina Díaz, pionera en la propuesta del uso medicinal, lo sufrió en carne propia con descalificaciones de sus compañeras, como los de Lidia Merodio.

Este aspecto incide en el diseño de políticas de seguridad pública y de combate al narcotráfico. ¿Cómo separar delincuencia organizada de adictos? Todos caen en la ilegalidad y la pena corporal. No es un aspecto retórico, es de gran profundidad. En breve se legislará sobre el papel de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública ante el nuevo marco de la justicia penal. Urge definir la actuación apegada a legalidad del ejército y la marina, como lo exigió el General Cienfuegos con sobrada indignación. Y será un momento en el cual se debería reflexionar en el aspecto de adicciones y consumo de drogas, su uso medicinal, lúdico y las políticas de prevención, pero aún se ve lejano este análisis. Seguiremos simulando soluciones parciales a temas de fondo.

La violencia de género es un mal endémico en sociedades patriarcales, baste atestiguar en redes sociales pronunciamientos a favor de agresores, incluidos los de Ana Guevara. Es momento de alzar la voz y frenar la impunidad, cambiar patrones culturales y avanzar en el respeto a libertades e igualdad. Reconocer derechos humanos es el camino, así se ha avanzado en matrimonios igualitarios, en consumo lúdico de marihuana, en fallos de violencia política contra mujeres, en alertas de género, pero aún falta el rediseño de estas políticas en el ámbito legal; sin embargo, muchos legisladores son prejuiciosos y los dominan sus creencias que impiden avanzar en la tutela del principio de todos los derechos a todas las personas, adictos, homosexuales y mujeres incluidos.

Esperemos que cambien actitudes al reconocer la gravedad de una sociedad amenazada por narcotráfico, violencia e impunidad, que debe avanzar hacia la igualdad plena, único camino para acceder a la justicia y el Estado de Derecho, garante de convivencia.

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