Opinión

De cabildeo y política

06 octubre 2016 5:0
 
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Pemex

Se realiza en México foro Solar México que analiza los avances del mercado de la industria en el país. Se reunieron desarrolladores de proyectos solares, inversionistas, financieros, proveedores, servidores públicos, para estudiar oportunidades, desafíos, estrategias para la inversión en este nuevo campo. El primer módulo trabajó el tema de Proyectos de Energía Renovable y la Licencia Social enmarcando tres aspectos, las consultas públicas para autorizaciones ambientales, las consultas a pueblos indígenas y las relativas al Estudio de Impacto Social y sus planes de gestión, nuevo requisito de la Ley de la Industria Eléctrica y la de Hidrocarburos.

El nuevo marco legal tiene como ejes la sustentabilidad y el respeto a los derechos humanos de las comunidades. Busca armonizar la Reforma Energética y la de Derechos Humanos, incorporadas al texto constitucional. A diferencia de otros países, los inversionistas al negociar la ocupación de las tierras, enfrentan comunidades que deben otorgarles los permisos, no depende de la autoridad. La propiedad social, el ejido, es una figura muy singular, al igual que la legislación agraria.

Como ya no aplican las expropiaciones que operaron CFE y PEMEX, las leyes establecen procesos de negociación que involucran diversas instituciones, jueces, Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, Instituto Valuador, SEDATU, RAN, FIFONAFE, SENER, CRE, ASEA, y procedimientos a fin de evitar y prevenir conflictos, obligan a las empresas a definir planes de gestión social como contraprestación con las comunidades. También se previene el caso de un no acuerdo y la autoridad puede emitir un decreto que ordene la ocupación mediante el pago de una contraprestación.

Esta medida, sin embargo, no resuelve la problemática social. Un proceso de negociación con comunidades debe partir de un buen diagnóstico, que implica trabajo de campo, conocer aspiraciones y demandas de las comunidades, para definir estrategias a fin de que los planes de gestión que debe contener el Estudio de Impacto Social no se convierta en un simple trámite, sino en un instrumento básico para el éxito de un proyecto.

La negociación es un proceso que se debe basar en la confianza, lo que implica información y transparencia para construirla, la comunicación es muy importante, y debe hacerse solo cuando haya claridad de lo que se desea plantear. Hablar por hablar puede complicar el proceso. Los proyectos se ubican en áreas lejanas donde la población se encuentra en situaciones de pobreza y marginación, la llegada de un desarrollo abre altas expectativas para superar estas condiciones, aún cuando no sea responsabilidad de los inversionistas, el impacto es importante, aún con sus riesgos.

Lograr que el financiamiento se otorgue también para la parte social, es otro reto de los desarrolladores. Los procesos de consulta pública abren foros para que se expresen inconformidades o anhelos de las comunidades, no necesariamente relacionadas con el proyecto. Por eso se requiere de negociadores expertos con la sensibilidad para lograr acuerdos de largo plazo y de buena vecindad. La licencia social se requiere no solo para conseguir las autorizaciones y permisos, es un proceso continuo e implica el cumplimiento de compromisos pactados.

Existen terceros interesados que se han dedicado a asesorar comunidades que las confrontan con las empresas y han derivado en fracasos como los de Oaxaca, o como los que enfrentan las empresas mineras, por los procesos de lixiviación. El cierre de Peñasquito en Zacatecas alerta de una situación en donde a pesar de cumplir con regulaciones y acuerdos, estos terceros paran la producción mediante medidas de fuerza, sin que las autoridades se animen a actuar, hasta que se emite mandato judicial.

Las inversiones en el sector eléctrico son muy importantes, hay inversionistas interesados, las subastas han sido exitosas, se requiere de que se establezcan acuerdos mediante una negociación con acompañamiento de expertos en el tema a fin de reducir los riesgos y cumplir con el espíritu de las leyes. El gobierno promociona, impulsa inversión, pero los acuerdos se darán entre empresas y comunidades, titulares de los derechos de propiedad de la tierra. Es además recomendable que se establezca un criterios de género pues muchas veces las mujeres, que no tienen voz ni voto, pues no son titulares de derechos agrarios, son quienes como jefas de familia dan vida a las comunidades. El foro fue muy interesante en este análisis.

Twitter:@Rosariodf

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