Opinión

De cabildeo y política

 
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Enrique Peña Nieto

La democracia o es laica o no es democracia. Solo el laicismo hace posible la separación Estado-Iglesias y enmarca instituciones civiles independientes de creencias o definiciones religiosas. Dicha separación garantiza libertades y respeta por igual a creyentes o no creyentes en religiones o credos de cualquier tipo. Permite la organización del orden social independiente de cualquier instancia religiosa y ubica la ética pública en la libertad de conciencia. Por eso la Ciudad de México debe incluir la definición de Estado laico, como lo propuso Laica Internacional, encabezada por Manuel Jiménez Guzmán y Beatriz Pagés, ante Manuel Granados en días pasados.

Conforme al 130 constitucional los ministros de culto no pueden realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política y tampoco pueden oponerse a las leyes del país o sus instituciones. Recientemente nuestra Constitución reconoció los derechos humanos y su protección conforme los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Lo anterior implica todas las personas tienen todos los derechos en igualdad, lo que protege a minorías discriminadas tradicionalmente. Así, la comunidad LGTTTI inconforme con un trato discriminatorio de sus uniones reclamó ante la SCJN su derecho al matrimonio, institución civil, y obtuvo resolución favorable. Hoy los matrimonios igualitarios son vigentes en toda la República y deben ser celebrados por la autoridad civil en todo el país. Es cosa juzgada. Una semana más tarde la Suprema corte de EEUU también emitió sentencia en el mismo sentido. En el mundo occidental democrático se reconocen los derechos humanos a todas las personas.

Enrique Peña Nieto, en concordancia con este hecho, envió iniciativa de matrimonio igualitario al Congreso para que se plasme en la ley algo que ya tiene plena vigencia. La Iglesia católica se escandalizó y atacó candidatos, partidos e instituciones. El clero señala que el Presidente Peña es católico y debería actuar en consecuencia, no quiere reconocer que el Ejecutivo Federal es una institución, recae en una persona, que debe actuar conforme principios constitucionales y no guiarse por sus creencias religiosas. Se llama a sorpresa e incluso, traición.

Lo peor es que la confusión impera entre los legisladores, no por ética pública, sino por cálculos electorales. La influencia del clero católico entre votantes inhibe decisiones de política pública. Incluso priistas culpan a Peña Nieto y su iniciativa de resultados negativos en las pasadas elecciones. No entienden que los votantes que se definen conforme a creencias religiosas no son suyos, nunca lo fueron. La confusión también se da en materia de regulación de marihuana, donde la SCJN ya falló a favor de SMART en función de respeto a su derecho a elegir un proyecto de vida. Los legisladores van a la retaguardia. Ni siquiera avanzan en el uso medicinal de ciertas drogas, expropiadas por la industria farmacéutica que nos regresa las sustancias procesadas, caras y escasas. La salud de la población es relegada. Los legisladores no entienden de derechos humanos y su protección, solo hacen cálculos electorales con un enfoque sesgado que anticipa más derrotas.

El Tribunal Electoral deberá resolver en breve si se debe anular la elección en Aguascalientes por la reiterada violación del proceso por el clero católico en las elecciones por el tema del matrimonio igualitario y la equidad de género. Más allá del fallo, la denuncia refleja de nuevo una lucha entre Iglesias y Estado, aún inacabada. Por eso reiterar el carácter laico del Estado resulta fundamental.

La falsa discusión de si se causa daño a posibles hijos adoptados por parejas homosexuales es solo una cortina de humo. Por prejuicios sociales, los homosexuales se han casado y procreado hijos biológicos, aunque después salen del closet con sus parejas, ya son padres y crían hijos. Muchos homosexuales registran como propios hijos de otras parejas que los entregan, sin pasar por la figura de adopción y tienen plenos derechos como padres. La lucha de la comunidad LGTT busca derechos plenos. La adopción, al igual que sucede con matrimonios entre hombre y mujer, no es lo que define su unión. No hay suficientes parejas que quieran adoptar frente a tanto abandono infantil. Y es mejor el Estado tutele adopciones a que se sigan dando al margen del marco jurídico.

Ojalá los legisladores recapaciten y defiendan los principios constitucionales sin vacilación y tutelen derechos humanos. Todas las personas, todos los derechos.

Twitter:@Rosariodf

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