Opinión

De cabildeo y política

 
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Cámara de Diputados

El Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia son los dos retos en el Congreso. Peña Nieto apostó por una reforma de gran calado contra la corrupción. La sociedad la reclama. Sin embargo; la resistencia del PRI y sus aliados, que deberían encabezar la propuesta, han unido al PAN-PRD para tratar de romper la inercia, en una época electoral. Ante la opinión pública este asunto se ventila entre si estás o no de acuerdo con la corrupción. Nadie puede estar conforme con ella, aunque el Secretario de la Función Pública sostenga es una cultura. Esta práctica siempre tiene dos ejes, el corruptor y el corrompido, no puede darse de manera unilateral, aún cuando muchos se quejen de que si no pagas este impuesto adicional, no obtienen permisos, obras, ni resuelves el problema. Y a pesar de que en muchas ocasiones dar una “mordida” suele ser para muchos ciudadanos un trámite menos oneroso y lento que tener en orden sus documentos o apegar su conducta a los reglamentos de tránsito, o de construcción, o el que aplique.

Combatir la corrupción es imperativo para el sistema político. Hacerlo con transparencia ayuda a mejorar prácticas e inhibe componendas. Se ha perdido la mística del servicio público. Hoy vemos una gran voracidad de funcionarios públicos, de todos los niveles, de todos los partidos, que buscan provecho personal antes que cumplir con sus obligaciones. Lo cierto es que la corrupción se ha generalizado. Las leyes se han endurecido, pero no frenan esta práctica. Más aún, inhiben a servidores públicos honestos a cumplir cabalmente sus funciones ante el temor de caer en algún problema legal o de afectar el patrimonio público. Ante prohibiciones unos buscan como darle la vuelta, otros evitan firmar autorizaciones. La ineficiencia campea. Un sistema burocrático no es la solución, pues paraliza el servicio público. Debe apostarse a una estrategia integral si queremos las instituciones funcionen. Ese es el dilema en el Congreso.

La Ley de Transparencia aprobada por el Congreso de la Unión, imponía la armonización en los Estados, pero a punto de que venza el plazo, solo ocho Congresos Locales han adecuado sus normas, el resto no lo ha hecho. La ley aprobada ubica al acceso a la información como un derecho humano, solo se reserva en casos de seguridad nacional o de interés público. Los periodistas de investigación son quienes más utilizan la consulta. Si los estados no legislan, la Ley General será la que rija en dichas entidades. Obviamente no se trata de un descuido legislativo, ni de un tema menor, esta tardanza implica una visión que resiste al cambio del ejercicio del servicio público y la rendición de cuentas.

La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados lineamientos de buena gobernanza para los Tres Poderes de la Unión y para los órganos autónomos. Sus principios son integridad, responsabilidad, acceso a la información pública, informe de resultados, eficacia y eficiencia, y legalidad. Instrumentar controles internos, gestión financiera sólida, participación de la sociedad, un gobierno abierto a la misma, el desempeño de los servidores públicos, transparencia y rendición de cuentas son los que deben regular una buena gobernanza.

La corrupción es enemiga de la transparencia y de la participación ciudadana. La Fiscalía Anticorrupción debe asentarse en estas dos vertientes, no en más facultades que pueden ser incluso violatorias de derechos humanos. No debe ser usada políticamente. Pero es inaplazable se emitan las leyes secundarias que conformen el Sistema Anticorrupción. En el Congreso se hace énfasis en fuertes sanciones, pero la parte de inteligencia debe privilegiarse. En realidad es un tema con matices éticos, políticos, morales que no será fácil dilucidar, pero que esperemos no resulte en engendros, sino en prácticas de gobernanza, es decir, de gobiernos abiertos a la participación ciudadana, a la transparencia y a la rendición de cuentas. México y sus instituciones lo requieren.

Twitter:@Rosariodf

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