Opinión

De cabildeo y política

 
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La mariguana en 10 puntos

Hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre, dice refrán ranchero. Cualquier parecido con lo que sucede en la Cámara de Diputados en torno a la discusión del Presupuesto 2016, es simplemente coincidencia. El recorte rebasa los 221 mil millones de pesos. Todos se defienden, piden reasignar mayores recursos para educación, infraestructura, caminos rurales, inversión en PEMEX y CFE, entre otros. Las peticiones en su conjunto rebasan en casi cuatro veces el recorte aplicado.

Argumentos sólidos para solicitar recursos hay muchos, el país requiere mayores inversiones en todos los rubros. Por tanto, la negociación entre los grupos parlamentarios para una discusión sensata y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación puede centrarse en algunos proyectos prioritarios y a cambio, mantener la gestión de los diputados federales con un Fondo de recursos a obras estatales y municipales en sus distritos. Dicho Fondo no aparece en el proyecto enviado por Luis Videgaray, SHCP, pero ya se aborda su autorización con una normatividad que evite los “moches”. Ya se trabaja en reglas de operación y se habla de cerca de 10 mil millones de pesos no etiquetados. Eso si unifica a los diputados.

Otro tema que el Legislativo deberá abordar es el uso de la marihuana. Ayer la Senadora Cristina Díaz, PRI, presentó iniciativa que elimina la prohibición del uso de la marihuana con fines medicinales, a fin de importar medicamentos con esta sustancia, que no se podrán producir en México. PRD y MC se sumaron al proyecto.

El Presidente Peña asumió ya un compromiso, abrir el debate con especialistas de diferentes disciplinas y con la sociedad para analizar la posibilidad de realizar cambios. Reiteró lo que ya conocemos, una posición en contra de la legalización de la marihuana, pues considera que es puente hacia otras drogas mucho más dañinas y adictivas, pero se mostró dispuesto a escuchar y eventualmente modificar parámetros.

No hay evidencia científica de que la marihuana conlleve al consumo de otras drogas. Pero es cierto que al traspasar el umbral de las prohibiciones es posible que ya rotas las barreras legales, el riesgo de penas corporales es igual para el consumo de diversos estupefacientes.

El debate debe establecer reglas para los participantes especialistas. Un debate implica contrastar pros y contras, no es una consulta, es un ejercicio que aporta elementos sobre posiciones definidas. ¿Cual será el papel del gobierno? ¿sólo escuchar, o debatir en contra?

No cualquiera puede aportar evidencia científica sobre los efectos de la marihuana sobre la salud, o defender derechos humanos. Proponer alternativas para regular el consumo, no implica necesariamente su legalización. Lo importante es que el debate se base en evidencia científica comprobable y no en prejuicios o concepciones moralistas. Se requiere analizar opciones ante prohibiciones que no han bajado el consumo. Y en su caso, concebir el diseño de las nuevas políticas más efectivas, que con respeto a los derechos humanos, requerirán de un nuevo marco legal.

El debate pasará pues por el Poder Legislativo. El amparo de la SCJN a SMART implicó una modificación a la política estatal en materia de drogas, se reconozca o no su alcance. Ni prohibiciones, ni criminalización, ni la vía judicial son los caminos para abordar una política integral de salud pública y derechos humanos. Una legislación efectiva requiere de un énfasis mayor en materia de prevención de adicciones, evitando la criminalización de los enfermos. Hay avances en el tratamiento del alcoholismo y también del tabaquismo a través de regulaciones estatales.

Miguel Barbosa, PRD, llamó al Ejecutivo a ya presentar las ternas para ocupar las vacantes que habrá en la SCJN, pues el tiempo para el análisis de perfiles y el logro de acuerdos no es sencillo, sobre todo por la relevancia que el Poder Judicial adquirió tras las reformas iniciadas en 1994. Hay mucho camino por recorrer en esta nuestra democracia, pero fortalecer a la SCJN abonará a la legitimidad y la gobernabilidad de un país agraviado por la impunidad y la corrupción.

Twitter:@Rosariodf

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