A Olguita por un año más.
Los retos fiscales para los próximos años son relevantes: darle mayor competitividad a nuestro sistema fiscal y lograr una estructura tributaria que, sin perder la eficiencia recaudatoria que ha logrado con el SAT, sea más federalista y progresiva, esto es que disminuya el peso de los impuestos indirectos sobre la carga fiscal nacional, que sirven de base para el cálculo de las participaciones que reciben los estados y municipios, los cuales son ingresos propios derivado de la adhesión de los gobiernos subnacionales al sistema nacional de coordinación fiscal, desde 1980.
Cómo lograr que el poder recaudatorio local se incremente frente al que tienen los impuestos federales coordinados y los que son exclusivos del gobierno federal; y cómo lograrlo sin regresar a un esquema de doble o múltiple tributación que afectaría a los contribuyentes.
Hoy enfrentamos algunos problemas centrales: la fuerte dependencia de las transferencias federales, participaciones y gasto federalizado de los ingresos propios de los estados. La voluntad fiscal y recaudatoria existe en muy pocos, de forma tal que sólo la CDMX recauda más de lo que recibe de participaciones, a pesar de que ha sido muy golpeada con los dos cambios de fórmulas, el de 1990 y el de 2008. El promedio estatal está por el 90 por ciento. En el caso de los municipios, muchos estados, principalmente los del sur, les esconden o jinetean las participaciones que les corresponden, como lo determina la Ley de Coordinación Fiscal, cometiendo verdaderos latrocinios contra las finanzas municipales ante la ignorancia y el poco interés de la mayoría de los alcaldes por ocuparse de este tema, así como gastar sin respetar las normas o la ley.
Fue hasta 2007 que fue aprobada por la comisión permanente de funcionarios fiscales, en la cual se establecieron mecanismos de compensación para los pocos perdedores. Desde 2008 cambió y sólo se privilegia el factor poblacional, en virtud que las variables contenidas en la fórmula se anulan cuando se ponderan por el coeficiente poblacional. Por cierto, se ha divulgado un texto de Carlos Urzúa en el que queda muy claro lo anterior.
Ello generó un esquema de ganadores y perdedores al extremo. Actualizada la cifra –la última era de 2014–, en diez años de fórmula hay tres claros perdedores, la CDMX, Tabasco y Sonora, y tres ganadores, Edomex, Guanajuato y Puebla: la clave es la población domiciliada. En los extremos están la Ciudad de México y el Estado de México con cifras cercanas a 38 mil millones de pesos de pérdida y ganancia acumuladas.
En cuanto al combate a la corrupción y la impunidad, el reto ha sido la falta de transparencia y la opaca rendición de cuentas por parte de un gran número de estados y municipios, llegando en algunos casos a ser escandalosos los ejemplos, que hoy tienen a varios gobernadores detenidos.
Hay temas como el de la reconstrucción, donde hay actores de todo tipo, pero es claro que los gobiernos locales tienen gran responsabilidad al respecto.
Por ello, la virtud de las nuevas facultades otorgadas a la ASF para revisar las participaciones, sin dejar de reconocer que son recursos propios, pero la adhesión a la federación lo permite. Ya he mencionado que la mayor parte de las mismas, más de 90 por ciento, se usa para gasto corriente, para nóminas, y los fantasmas laborales son muchos.
En primer lugar, la ASF revisa ya la forma en que se reparte a los municipios, pero también cómo se distribuye el gasto estatal a los otros poderes y a las dependencias estatales, así como a otros actores del gasto, como algunas universidades.
Tenemos la idea de crear un semáforo de control y alerta sobre las actividades de los responsables del gasto público estatal y estar muy atentos a las solicitudes ciudadanas y del Congreso.