El gasto federalizado representa la tercera parte del gasto total contemplado en el Presupuesto aprobado para 2018. Se acerca a los dos billones de pesos corrientes, gasto transferido a los estados y municipios a través de varios conceptos, destacando las participaciones (Ramo 28), con el 46 por ciento, que son recursos de libre disposición, y las aportaciones (Ramo 23), con 42 por ciento, que son recursos federales condicionados, pero estratégicos para las funciones de los gobiernos estatales.
Juntos significan cuatro quintas partes del gasto federalizado, a los que se suman los convenios de descentralización y reasignación, los recursos de protección social en salud, los federalizados del Ramo 23.
Entre los ocho fondos del Ramo 33 destaca el de Nómina Educativa y Gasto Operativo, el FONE que desde 2015 sustituyó al FAEB, uno de cuyos ejes fue la centralización de las nóminas, eliminando el uso abusivo de estos recursos por parte de varios gobiernos estatales, como el pago de trabajadores comisionados con recursos públicos, el pago a quienes cumplían otras funciones fuera de la docencia, como alcaldes, legisladores o directivos, en suma la corrupción en el manejo de las nóminas por parte de secciones sindicales, siendo el caso extremo, por supuesto, el de Oaxaca.
Otros fondos de aportaciones importantes son los recursos del FASSA, que van a salud; el de Infraestructura Social Municipal; el FAIS, y el de seguridad Publica, esto es el FASP, etcétera.
La impresión pública es que no son pocos recursos, y no lo son, pero también que no han sido bien gastados. Es evidente la dependencia estatal de los recursos transferidos y también que su fiscalización con la importancia que ha tenido, no ha dado los resultados esperados.
La recaudación de ingresos propios de los estados es raquítica, al margen de que sus ingresos sean de un potencial recaudatorio limitado. Lo cierto es que hay algunos que lo hacen mejor que otros. Por ejemplo, en 2015, y esto no varía mucho, el promedio equivale al 10 por ciento de los ingresos totales de los estados, once están por arriba de la media, destacando la CDMX, que está alrededor de la mitad; cerca del 20 por ciento, Guanajuato, el Estado de México y Sonora. Campeche por el 18 por ciento. Y en el extremo, menos del cinco por ciento, de ocho a 10 estados, destacando hasta abajo Guerrero y Tlaxcala.
El gasto en deuda pública –su servicio– se ha incrementado de manera significativa, es cercano al cuatro por ciento, por lo que han tenido que recurrir a reestructuras o a más deuda, que dan alivio, pero a la larga resuelven poco. Al respecto, un documento del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, destaca que el costo para Coahuila es de 15 por ciento del gasto público estatal; y rebasan el 10 por ciento, entre otros, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz.
En algunos este costo rebasa la inversión pública en el estado.
El Indicador Compuesto de Capacidad para Generar Ingresos que elabora A Regional, muestra que en 2016 seis estados tienen un índice alto, destacando la CDMX con cien por ciento, así como un poco más del 60 por ciento, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo y Querétaro. Mientras que no rebasan el 20 por ciento, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Michoacán.
¿Qué significa lo anterior?
Que hay que hacer un esfuerzo para superar esa dependencia, pero ello exige ejercicios de responsabilidad fiscal y de incremento de los ingresos propios, sólo así se podría pensar en transferirles nuevas responsabilidades de ingreso.
Tanto para fortalecer la transparencia, como para contribuir a mejorar la programación del gasto federalizado y su fiscalización, es necesario crear una Ley de Gasto Federalizado, como han señalado los funcionarios fiscales de la Coordinación Hacendaria. Las bases institucionales existen en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.