El autor es el Auditor Superior de la Federación
En esta semana Coneval presentó "Pobreza y derechos sociales en México", obra coeditada con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que revisa cuáles son los principales desafíos, las limitaciones y las oportunidades que habría que considerar en la medición de la pobreza desde la perspectiva de los derechos humanos.
La investigación se desarrolló a partir del vínculo normativo entre medición de la pobreza y los derechos sociales señalados en el artículo 6º de la Ley General de Desarrollo Social, donde se menciona que estos derecho son la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y la no discriminación, la cual nos recuerda el estupendo trabajo de Coplamar, que hablaba de las necesidades esenciales en México y la Geografía de la Marginalidad.
El Inegi dio a conocer el PIBE 2017, donde se puede observar que cinco entidades tienen el 45 por ciento del mismo: CDMX, Edomex, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, históricamente los estados con mayores niveles de desarrollo.
Tlaxcala, Colima, Nayarit, Baja California Sur y Zacatecas apenas significan el 3.6 por ciento del PIBE nacional, es importante comentar que Baja California Sur fue el estado que mayor crecimiento tuvo respecto al año anterior, con un 11.4 por ciento, y los tres estados con mayor marginación, Guerrero con cero crecimiento, mientras que el PIBE de Chiapas y Oaxaca cayó alrededor del 3.0 por ciento; estos mismos también presentan las tasas de informalidad más altas del país, por encima del 78 por ciento.
Estos documentos nos dan un marco de referencia de la estructura nacional de la desigualdad, así como de la prioridad para atender los derechos sociales de cada ciudadano. Sin embargo, las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos son limitados, por ello la elaboración del Presupuesto cobra gran importancia, con el fin de atender las verdaderas prioridades y para evitar vicios del pasado.
Esta semana el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló con razón, que las condiciones de la economía nacional obligan a no poner en "riesgo" la estabilidad de las finanzas públicas, que no habrá "bolsas" de recursos o partidas presupuestales a disposición de diputados o senadores, y que la distribución estará basada en prioridades sociales, honestidad, transparencia y responsabilidad hacendaria.
Esto es que tiene que cambiar la negociación presupuestal, no más pasarelas de gobernadores o alcaldes. Para este proceso deben evitarse prácticas de discrecionalidad, opacidad y clientelismo en la asignación de recursos. Deberán atenderse la inversión en infraestructura, que está en los niveles de los años 40, y los programas sociales que generen empleo productivo.
En el caso de la coordinación fiscal deberá atenerse a prácticas de transparencia presupuestales, basadas en resultados y con una rendición de cuentas oportuna, considerando siempre el impacto presupuestal, ambiental, social y fiscal.
La ASF tiene facultades para auditar las participaciones, no sólo sobre cómo distribuyen las mismas a los municipios o alcaldías; podemos auditar rubros como los subsistemas estatales de educación básica, gastos como los de comunicación social, entidades desconcentradas de los gobiernos estatales. Esto es todo aquello en que se gasten las participaciones, que son ciertos ingresos propios de los estados; sin embargo, deben ser ejercidos correctamente.
El presidente anunció que llegó a un acuerdo para que la federación asuma el control de la salud en ocho estados del sur-sureste, que aumentará el Presupuesto para salud en esas entidades, y que iniciará un plan para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en hospitales públicos.