Los desastres naturales, sean huracanes, terremotos, inundaciones, sequías... son frecuentes en nuestro país. Somos en territorio el número 14 del mundo. Hay regiones donde son más recurrentes; sólo el año pasado tenemos el ejemplo del istmo de Tehuantepec, que de un serio problema de sequía -su presa más importante estaba casi vacía- pasa a la lluvia torrencial en una semana y en pocos días la emergencia era que se desbordaría la presa. Y luego en septiembre vienen los sismos, dejando devastada la región. Por supuesto, mientras más pobreza exista, la infraestructura sea precaria y exista mucha, mucha corrupción, el impacto será mayor.
La reconstrucción cuesta mucho y son pocos los estados que cuentan con recursos para enfrentar su costo. Un ejemplo notable fue el de la CDMX, que tenía el año pasado un fondo con mayores recursos que los del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). La ciudad pudo hacerlo porque desde que la gobernaba el ahora presidente electo recauda, aun con las limitaciones de la coordinación fiscal, más de la mitad de sus ingresos propios, frente a una dependencia mayor a 90 por ciento del resto de las entidades federativas.
Con todo lo útil del Fonden, éste está amarrado a una política de pari passu, muchas veces imposibles de cumplir, por lo que los estados con mayor recurrencia a los desastres y haciendas públicas limitadas han recurrido al endeudamiento de los bonos cupón cero de Banobras.
Adicionalmente, en 2017 la Sedesol flexibiliza las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para que pueda ser utilizado en la reconstrucción. Claro, son recursos fiscalizables por la ASF.
Han sido muchos los actores por lo que la sociedad civil y los propios afectados han denunciado el desvío de los recursos en niveles que parecen ser escandalosos, por parte de algunos de los responsables de las tareas de reconstrucción de los tres órdenes de gobierno.
Por ello, la Auditoría Superior ha decidido ampliar sus auditorías con una visión integral en la fiscalización de estos recursos y sobre el desempeño de las diferentes entidades y dependencias responsables de las acciones. La gran diversidad en el origen de los recursos, y su volumen, exige de una estrategia así. No ignorando, por supuesto, la realidad social del país.
El gran esfuerzo ciudadano, que se reflejó en el acopio y envío de materiales de consumo e incluso de construcción, debió entregarse efectivamente a los damnificados, sobre todo cuando se trata de los más pobres de los pobres, de los nueve estados afectados por los sismos.
Las erogaciones del Fonden ascendieron, en 2017, a 19 mil millones para la atención de daños ocasionados por los sismos de septiembre; se autorizaron a esos nueve estados 14 mil millones, lo cual incluye 7.5 mil millones para la reconstrucción y restitución física de bienes afectados.
Por ejemplo, se pondrá atención a la correcta entrega de recursos a damnificados, como la identificación de pagos duplicados.
Se requiere de esta visión integral, ya que son muchos los actores, así como las fuentes de recursos, de un proceso que sigue.
Temas como la entrega de apoyos a la población, mediante el censo de afectados que levantó la Sedatu; la correcta entrega de recursos a los damnificados, mediante identificación de pagos duplicados y cargos no reconocidos; los recursos que estas entidades atendieron en apego a los transitorios, y beneficios que se dieron en los fondos locales, etcétera.
Las revisiones incluirán a las instancias involucradas en regular, operar, vigilar, ejecutar y fiscalizar que los apoyos, así como la atención a los desastres por el sismo, hayan sido entregados conforme a la normativa aplicable y la política pública de atención de desastres.