La corrupción, así como el desconocimiento de la política económica, particularmente en temas de la hacienda pública y la rendición de cuentas en un buen número de gobiernos estatales, han potenciado los conflictos políticos en relación al Presupuesto entre los tres órdenes de gobierno. Conflictos innecesarios cuando lo más sencillo es aprovechar las instituciones que ya existen, como la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, revisar las bases de nuestro arreglo fiscal y concertar las mejoras que lo hagan más eficiente, transparente y equitativo.
La crisis financiera y fiscal de 2009 provocó una caída en términos reales de las participaciones, que sólo hasta 2013 superaron los niveles de 2008, tiempo en que se incrementó la deuda pública estatal a niveles sin precedente. Más que duplicando sus niveles de 2006, cuando la deuda acumulada era de 160 mil millones de pesos, hoy rebasa los 500 mil millones, lo que multiplicó el servicio de la deuda en los estados más endeudados como Veracruz, Coahuila, Chihuahua y otros, los cuales han tenido que reestructurar, esto es, mandar a ampliar el periodo de pago.
A ello se le agrega la fuerte dependencia estatal respecto a las transferencias federales, frente a ingresos propios de los estados, que no son significativos (alrededor de 10 por ciento) –excepto los de la Ciudad de México, que recauda más de lo que recibe de recursos federales–. Algunos estados del norte, agobiados por su gasto educativo, manejan mejor sus finanzas, pero otros no recaudan ni el cinco por ciento.
Por otra parte, sus facultades tributarias, derivadas de su adhesión a la coordinación fiscal, son de muy bajo potencial recaudatorio y aun así no las aprovechan. El ejemplo típico es el del impuesto a la tenencia que se usó como instrumento para la competencia electoral. Claro, después de perder esa recaudación, la moda era desfilar por las dependencias federales buscando ser beneficiados por recursos adicionales para recuperar 'la contingencia financiera' de la recaudación perdida. Por supuesto que no eran procedentes sus solicitudes y no se les consintió.
Todo es cierto, como lo es también la corrupción extrema en algunas de las entidades federativas y municipios. Gran parte de su deuda es opaca y, aunque está focalizada, se concentra en unas cuantas entidades.
Aunque hay avances, tenemos que fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos de gasto en los tres órdenes de gobierno, las relaciones hacendarias entre los mismos y evitar politizar las negociaciones para el fortalecimiento financiero, cuando existen espacios institucionales para hacerlo con transparencia.
También acabar con la corrupción fortaleciendo el Estado de derecho, fomentar la cultura de la legalidad, hacer la normativa más sencilla, así como la autonomía de los órganos anticorrupción –por ejemplo, la ASF no tiene autonomía presupuestal– que deben tener la mayoría.
Por otra parte, hay diversas acciones que estarían en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para fortalecer un mejor manejo del gasto público. Por ejemplo, evaluar y auditar antes, durante y después las adecuaciones presupuestarias en tiempo real, evaluar los resultados de algunos de los fondos federalizados, evaluar el impacto del gasto en la consecución del equilibrio fiscal y presupuestario.
Es evidente que se requiere fortalecer a los organismos integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, como es el caso de la Auditoría Superior de la Federación, para que avance en efectividad y resultados.
Sólo así evitaremos seguir cayendo en el pozo sin fondo de la corrupción y la impunidad.