Ya pasaron dos meses en que debió haberse electo al auditor superior de la federación, e igual tiempo para que haya tomado posesión el primero de enero. Sin embargo, no ha sucedido lo anterior y en este tiempo se presentó el Programa Anual de Auditorías para la Cuenta Pública 2017. Esta semana se entregó a la Comisión de Vigilancia la tercera parte del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016, así como el informe definitivo. Ya los auditores se preparan para entrar en acción, particularmente los que van a estados y municipios, espacio donde se realizaron más de 72 por ciento de las auditorías en 2016.
El gasto federalizado representa la tercera parte del Presupuesto, incluyendo el no programable como las participaciones, y hoy ya no sólo se continúa auditando la parte condicionada del mismo –a saber las aportaciones del Ramo 33, capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, los subsidios como el Seguro Popular, los convenios de descentralización y reasignación– y la parte federalizada del Ramo 23, como el Fonden y el FEIEF, que es el Fondo de Estabilización para cubrir la reducción de las participaciones en relación a lo programado, que se fondearon con los excedentes petroleros desde 2006 de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Afortunadamente para estados y municipios, cuya dependencia de las transferencias federales –incluyendo las participaciones– es muy alta, en los últimos tres años no ha sido necesario activarlo, ya que las participaciones programadas han sido mayores, como en enero de este año, que rebasaron el 18 por ciento gracias al crecimiento de la recaudación participable.
Como se sabe, del Fondo General de Participaciones pagado a los estados debe participarse por lo menos 20 por ciento a los municipios, cosa que no siempre sucede, lo cual es una violación a la Ley de Coordinación Fiscal y debe ser observado por la Auditoría Superior de la Federación, ya que audita las participaciones.
Es conocido que cada estado tiene, aprobada por su Congreso local, una fórmula para distribuirlas a los municipios, formulas diferentes entre sí, lo cual ha permitido opacidad, el 'jineteo' de recursos por los gobiernos estatales e incluso el pago incompleto de las mismas, como señala la ley. Es una tarea de la ASF verificar que se cumpla con transparencia y claridad con lo establecido en su propia legislación.
Auditar las participaciones es muy diferente a revisar las aportaciones. Tiene que haber claridad en esto, así como en el proceso mismo de la revisión, por ejemplo, los reintegros, las sanciones y el seguimiento de las observaciones. Es un problema técnico y de conocimiento de la realidad.
De ahí que con el retraso del nombramiento del auditor se posterguen acciones que es indispensable comenzar. Lo mismo los trabajos para elaborar una propuesta de ley del gasto federalizado –más hoy que se ampliaron sus facultades a partir de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas– para revisar las participaciones y recursos propios de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, a partir de la opacidad en su manejo y como una necesidad para apoyar el fortalecimiento de los congresos locales y de sus órganos internos de fiscalización, a fin de darle rango legal al Sistema Nacional de Fiscalización, que incluye como ejes a la propia ASF y la Secretaría de la Función Pública, con las contralorías estatales y las auditorías superiores de los congresos locales. Es un acto de coordinación interinstitucional, eje del Sistema Nacional Anticorrupción.
Claro mientras no se concluya con el nombramiento del auditor superior, en cuya terna participo, más riesgos hay de que el proceso se alargue al infinito y las acciones para fortalecerla se retrasen.