La deuda de los estados y municipios creció 38 mil millones de pesos de 2015 a 2016, en 2017 un poco más de cuatro mil millones, mientras que las participaciones pagadas fueron de 31 mil millones de pesos adicionales respecto a lo programado. Una muestra de que cuando la recaudación y las participaciones crecen las necesidades de endeudamiento decrecen. Parece una verdad de Perogrullo, pero así es.
La Ley de Disciplina Financiera de abril de 2016, después de un importante esfuerzo legislativo, busca ordenar el endeudamiento estatal y municipal. Uno de sus instrumentos es el Sistema de Alertas, lo que permite evaluar fácilmente las posibilidades financieras de las entidades federativas, abarcando la totalidad de las obligaciones con impacto presupuestal, incluidas en el Registro Público Único de Obligaciones Financieras, establecido en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, cuyas funciones de registro le fueron transferidas desde 2002, cuando decía la ley que el mismo era voluntario y sólo servía para fines informativos. Después de la crisis de Coahuila, en 2011, se trabajó para hacerlo nuevamente obligatorio, un esfuerzo útil para la transparencia fiscal.
Hoy se deben registrar todas las obligaciones financieras, incluidas las derivadas de las APPS y los Bonos cupón cero, obligaciones que requieren de recursos presupuestales para su pago.
El Sistema de Alertas considera tres indicadores: deuda pública y obligaciones como proporción de sus ingresos de libre disposición; servicio de la deuda y de obligaciones sobre los mismos, y obligaciones de corto plazo, así como con proveedores y contratistas sobre ingresos totales a plazo menor de un año, que se pagaran con sus ingresos propios, lo cual incluye a las participaciones en ingresos federales coordinados.
En la semana se destacó en los medios la reducción del ritmo de crecimiento de las obligaciones financieras el año pasado, no obstante que su servicio representa una presión permanente sobre las finanzas locales, particularmente de los diez estados que tienen tres cuartas partes de la deuda estatal.
Con información del Semáforo a diciembre de 2017, la relación de la deuda y las obligaciones sobre los ingresos de libre disposición, destacan negativamente Coahuila, con 196 por ciento; Chihuahua, con 188; Quintana Roo, con 158, y Nuevo León, con 121 por ciento. En cuanto al segundo indicador, el servicio de la deuda sobre los mismos ingresos de libre disposición, son Coahuila, con 19 por ciento; Quintana Roo, 17 por ciento, y Chihuahua, con el 16. Lo que quita margen de maniobra a las finanzas estatales, pues son recursos necesarios para el desarrollo.
En el caso de los pasivos de corto plazo contra los ingresos totales, Baja California, con 10 por ciento; Michoacán y Oaxaca, con nueve por ciento, son los más delicados.
En el resumen del Sistema de Alertas hay nueve estados con alerta amarilla, un año antes sólo Coahuila estaba en rojo.
Se corrigió el amarillo de la CDMX al tomarse en cuenta los activos para hacer frente a la deuda de corto plazo, al considerar los activos financieros de la ciudad, que respaldan cualquier compromiso de corto plazo.
Parecería que la centralización de las decisiones sobre las posibilidades de endeudamiento de los estados lastima las facultades de los congresos locales; sin embargo, lo real es que había una laxitud total de muchos congresos al autorizar techos de endeudamiento sin ninguna justificación ni rendición de cuentas o transparencia del destino de la deuda o de las condiciones de la contratación.
La deuda es un gran complemento para el desarrollo de los estados, siempre y cuando se utilice correctamente para los fines que establece la Constitución, esto es para inversión productiva y no se afecten estructuralmente las finanzas estatales. Porque a pesar de las reestructuras, la deuda se pagará tarde o temprano.