Opinión

Cuatro de cuatro

   
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'El Cártel de Tláhuac'

Tras el operativo del pasado 20 de julio en Tláhuac, donde fue abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, comienza a hacerse pública una red de corrupción y contubernios que compromete de forma muy grave a las autoridades delegacionales. La semana pasada, durante su comparecencia ante la ALDF, se preguntó al delegado, el morenista Rigoberto Salgado, si estaba enterado de que varias de las personas que figuran en la nómina de la delegación tienen vínculos con El Ojos (incluyendo a dos cuñadas, a su pareja sentimental y al hermano de uno de sus jefes de sicarios). Salgado se limitó a señalar que en la delegación se contrata “a personas de la comunidad bajo un principio de buena fe, de derecho al trabajo”. La ALDF ya inició formalmente el proceso de remoción de Rigoberto Salgado; uno más a la creciente lista de políticos caídos en desgracia.

Lo grave es que una red criminal se instale en un gobierno local, de forma más o menos descarada, y que sea necesaria una tragedia –o una alteración al orden público de la magnitud de lo que vivió Tláhuac–, junto con una buena dosis de investigación periodística, para que otros actores políticos intervengan. El caso de Tláhuac es en cierta forma inédito en la Ciudad de México (las delegaciones de la capital son, desde siempre, campo fértil para la corrupción, pero hasta ahora no se había documentado un caso de penetración criminal de la magnitud del que se empieza a develar en Tláhuac). Sin embargo, en varios estados abundan los ejemplos de estrechísima relación, consanguínea en muchos casos, entre criminales y autoridades municipales (al grado de que a veces es difícil distinguir a los unos de los otros). En Iguala fue necesaria la desaparición de 43 estudiantes para que la opinión pública conociera el negro historial del alcalde José Luis Abarca y su esposa (ligados a la organización Guerreros Unidos). En los municipios que integran el Triángulo Rojo, en Puebla, se iniciaron investigaciones por vínculos criminales contra diversas autoridades sólo después de un enfrentamiento en mayo pasado, en el que murieron diez personas. La situación tampoco es muy distinta en otros municipios de Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México, donde bastaría 'rascar un poco' para encontrar los hilos que comunican al poder criminal con el poder político.

Lo trágico de Tláhuac es que no hubiera sido muy difícil saber antes. Las investigaciones periodísticas de los últimos días apuntan a que los vínculos de las autoridades delegaciones con la organización de El Ojos eran más o menos vox populi en las calles de Tláhuac. ¿Por qué entonces el gobierno federal no ha hecho nada para investigar a estos narcogobiernos locales? Lo ha hecho en el pasado y le ha ido como en feria. El caso más notorio fue el tristemente célebre Michoacanazo. En tiempos de Felipe Calderón, en mayo de 2009, la PGR detuvo a 38 funcionarios estatales y municipales, y jefes policiales de Michoacán, acusados de proteger a lo que entonces era La Familia Michoacana. Esta sacudida a la clase política local tal vez hubiera podido evitarle al estado los años de pesadilla que siguieron. Sin embargo, a los pocos meses del Michoacanazo casi todos los detenidos habían salido libres. El fiasco no necesariamente se debió a la inocencia de los implicados. Mucho tuvo que ver la proverbial incompetencia de la PGR para integrar expedientes sólidos. Sin embargo, también pesó la operación política de los detenidos y el apoyo que éstos recibieron de las cúpulas nacionales de sus partidos.

El problema de origen viene de la falta de responsabilidad de todas las fuerzas políticas en relación con los cuadros que postulan para ocupar cargos de elección popular. Todos los años se hace algún compromiso retórico para 'blindar las elecciones'. Sin embargo, la realidad es que los partidos simplemente apoyan a los candidatos que tienen mayor capacidad de movilización en el ámbito local, sin importar mucho sus posibles vínculos criminales.

En este contexto, mal harían Morena y AMLO, de cara al proceso electoral de 2018, en no asumir con seriedad los graves señalamientos en contra del delegado en Tláhuac. No obstante, si como sociedad de verdad queremos limitar la cooptación criminal de las autoridades, la exigencia debe ser para que todas las fuerzas políticas investiguen los posibles vínculos criminales de sus candidatos y presenten los resultados a la ciudadanía. De forma similar a como se impulsó desde la sociedad civil la presentación de declaraciones patrimoniales, de impuestos y de conflicto de interés, se podría ahora transitar a un cuatro de cuatro, y exigir que los candidatos señalaran si conocen –y bajo qué circunstancias– a personas vinculadas con los liderazgos criminales que operan en su región. Por supuesto, ninguna persona puede ser descalificada para ocupar un cargo público por las fechorías que hayan cometido sus parientes (como tampoco se le puede condenar por corrupción por el mero hecho de tener fortuna). Sin embargo, como bien dice el refrán, la burra no era arisca.

Twitter: @laloguerrero

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