Opinión

Cuando los gobernadores y presidentes no pagan

 
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Billetes de cien, doscientos y quinientos pesos. (Arturo Monroy)

La edición de ayer de El Financiero, cabecea que los “Estados deben…y no pagan a IP”, resaltando que las entidades cuentan con recursos para pagar y no lo hacen. Por supuesto que no son sólo las entidades federativas las que no pagan, como Canacintra señala respecto a la deuda de Pemex con 500 empresas afiliadas al organismo de los pequeños empresarios, incluso muchos organismos autónomos no quieren pagar los impuestos locales.

El presidente de Concamin por su parte habla de que las entidades federativas deben 120 mil millones de pesos a 40 mil compañías, y que 13 entidades federativas, con información disponible, tienen en sus cuentas 168 mil millones de pesos.

En este espacio, he escrito que cuando un gobierno se va y llega otro, lo primero que tienen que saber los gobernadores entrantes, es cuánto tienen de deuda con sus proveedores. Semana previas, si no antes, de su toma de posesión, los acreedores van a hacer fila para cobrar y efectivamente, mucha de esta deuda no está documentada. Cuando se hable de la entrega-recepción este es el primer punto a tratar para tener la documentación de respaldo y los recursos.

Ya van por lo menos dos generaciones de gobernadores que cuando se van presumen que no dejan deuda, pero sí muchos la dejan, que no todos, porque este tipo de morosidad es real y requiere soluciones del más corto plazo.

Un secretario de Finanzas sabe que no puede hacer eso, pero muchas veces se genera en otras dependencias o incluso en la oficina de su jefe, porque no puede pagar todo lo que les mandan, les llega mucha basura y mucha corrupción, ya que se contrata fuera de la ley, con sobreprecio o con una total violación de las normas presupuestales.

Habría que castigar a los funcionarios que lo hacen, pero se llevan por delante a sus acreedores que son los que pierden.

Con el tiempo he conocido muchos casos de personas que hacen “obritas” en municipios pequeños o medianos, con contratos a la palabra, y cuando se va el presidente municipal, saben que nunca se los pagarán. Pero en otros casos sí se contrata de acuerdo a la ley y la morosidad es causa de la quiebra de muchos pequeños y medianos empresarios. A veces les exigen dinero para pagarles o para hacerlo más rápido. Cuando hay corrupción el producto es de mala calidad, para recuperar el moche.

Los gobernadores que se van exigen terminar todo el último año, realizan gastos innecesarios y su gente, que no colaboradores, siempre dice que sí y contrata sin tener soporte presupuestal, para cumplir con obras que se van a terminar mal o las van a dejar a medias.

Por eso es acertado poner límites a las Adefas en la Ley de Disciplina Financiera, insisto que cuando un gobierno sale debe entregar su relación de adeudos de corto plazo y los que llegan deben conciliar y pagar lo que proceda.

Desde hace algunos meses empecé a revisar este tema por iniciativa de mi amigo Óscar Lara Aréchiga, que por cierto es de Sinaloa y fue un gran secretario de Finanzas. Sinaloa es una de las tres entidades, junto con Veracruz y Coahuila, que el presidente de Concamin, señala, tienen rezagos hasta de 20 meses. Urge soluciones legales frente a la morosidad de las administraciones estatales y locales, así como encontrar un método de retención de recursos para pagar en el caso de incumplimiento.

Mientras en Chiapas quitan la tenencia, lo que significa menos ingresos públicos que después se pueden “gestionar”. Así dos preguntas me surgen: ¿para qué queremos más facultades, si las vamos a llenar de subsidios?

Y si esos ingresos que ya no tendrán los estados que la han eliminado o depredado, ¿no sería mejor utilizarlos para pagar los adeudos de corto plazo y salvar los empleos que las pequeñas empresas generan?

No es un tema fácil, pero sí necesario y urgente atenderlo.

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