Opinión

Crisis en el vecino del sur

   
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Presidente de Guatemala (Tomada de @jimmymoralesgt)

El presidente Donald Trump y sus desmanes nos han obnubilado. Esta semana el vecino del sur, Guatemala estuvo a punto de quedarse sin mandatario. Es decir, su Congreso realizó una votación en la que decidió no desaforar al presidente Jimmy Morales, 25 diputados votaron a favor de retirar la inmunidad política y 99 en contra. De haberlo hecho, seguramente Morales correría la suerte de su antecesor Otto Pérez Molina, quien fue destituido y purga su pena en prisión.

Nuestro vecino del sur en 2015 fue un ejemplo mundial de combate anticorrupción. Un país donde hasta el más poderoso podía resultar implicado. La sociedad entera convergió en que era necesario acabar con el cáncer de la corrupción. Se expuso públicamente el fraude conocido como “La Línea”, que otorgaba descuentos tributarios a importadores a cambio de sobornos. El fraude generaba aproximadamente 328 mil dólares por semana ó 17 millones de dólares anuales. El resultado de las investigaciones reveló que el entonces presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti supervisaban las operaciones fraudulentas cobrando cerca del 22% de las ganancias ilícitas. El descubrimiento culminó en la renuncia y encarcelamiento de ambos políticos, así como de varios funcionarios de alto nivel en el gobierno.

Este año, sin embargo, el consenso social y partidista --todos contra la corrupción-- parece haberse resquebrajado. “Algo se está haciendo muy mal en el país,” señaló José González Campo, un importante empresario agrícola, en relación a la pérdida del consenso.

¿Cómo se ha podido llegar hasta las más altas esferas del poder? y ¿qué explica que se esté rompiendo este consenso anticorrupción en Guatemala?

Empezó en 2006. El gobierno solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un organismo judicial para combatir la impunidad, creándose al año siguiente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los objetivos de la institución internacional eran investigar al crimen organizado especialmente a aquellos con capacidad de corromper al Estado; colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad; y hacer recomendaciones al gobierno federal para la adopción de políticas públicas para erradicar la impunidad e inseguridad.

Desde su origen, la CICIG presentó casos de gran relevancia. Por ejemplo, en 2008-2009, coadyuvó a enjuiciar al expresidente Alfonso Portillo por corrupción y malversación de fondos. También se implicó al embajador de Taiwán, Andrew Wu. Desde luego, el caso que estremeció al país fue el de 2015, pues implicó a los dos más altos funcionarios del Estado.

Ahora la CICIG ha vuelto a sacudir al país. Está investigando al presidente Morales por un supuesto caso de aceptación de fondos ilícitos en su campaña electoral en 2015, poco más de 800 mil dólares. Morales, un excomediante televisivo y quien articuló su campaña en la lucha anticorrupción con el slogan “ni corrupto ni ladrón”, explotó contra Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG, y lo declaró persona “non grata”, el pasado 27 de agosto. El intento de expulsión de Velásquez tuvo una formidable reacción interna e internacional. El propio secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar en “shock” al escuchar la pretensión de expulsar al fiscal.

La Corte de Constitucionalidad actuó invalidando la decisión de Morales. El argumento fue que el ejecutivo no tiene facultades para expulsar del país al comisionado de la CICIG. Más aun, recomendó al Congreso desaforar a Morales.

El pasado lunes 11 de septiembre una comisión legislativa recomendó desaforar a Morales. Sin embargo, un día después, el pleno de diputados rechazó quitarle la impunidad al presidente.

A pesar del rol estelar que ha jugado la CICIG en la investigación y procesamiento de casos de corrupción, su aceptación en el país está disminuyendo. Me explica Eduardo Stein, un expolítico guatemalteco de gran prestigio nacional e internacional, para los críticos la Comisión ha judicializado procesos que debían ser de competencia administrativa, de manera que la procuración de justicia a largo plazo se está erosionando y hay quien considera que incluso está debilitando al Estado.

Las cortes, incluida la Suprema Corte, están evitando atraer la atención de la CICIG y no necesariamente están cumpliendo con sus funciones. Pero en especial, las élites empresariales han empezado a resentir un “gobierno de jueces” en el que nadie queda impune.

La CICIG está cumpliendo una década en Guatemala. Pero en vez de celebrarse su aniversario por los sonados casos que ha concluido, han empezado a emerger dudas sobre el futuro de su gestión.

Al parecer se ha roto el consenso sobre su dinámico papel contra la corrupción e impunidad e incluso hay quienes proponen terminar con su encargo.

Si bien en algunos casos es posible que la CICIG esté exagerando y judicializando la vida política, la verdadera explicación estriba en la corrupción de las elites, en especial, en los grupos empresariales que se benefician enormemente de sus complicidades con el Estado.

Una vez más, los privilegiados, mantendrán sus prebendas, mientras que la nación entera sufrirá las consecuencias.

Twitter: @RafaelFdeC

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