Opinión

Crédito de 7% a pequeños productores: ¿Quién mintió a quién?

Hace un mes, como medida política para ratificar que la Reforma Financiera también llegará al campo, el Presidente de la República anunció en Guadalajara, Jalisco, un amplio programa de crédito a pequeños productores con un monto de 44 mil millones de pesos, tasas de interés de 7% anual efectiva, plazos de hasta 15 años, montos de crédito de hasta 230,000 pesos y con sólo garantías naturales. Adicionalmente, en una política de equidad de género la tasa a mujeres rurales sería de sólo 6.5%. Parecía la rectificación de una politica para apoyar el desarrollo de millones de campesinos pobres y la producción de alimentos.

Desde 1992, desaparecieron los programas de crédito a la agricultura campesina y las tasas han sido de mercado. Por tanto, la medida fue reconocida por la mayoría de actores rurales, sobre todo por Organizaciones Campesinas que han demandado un programa de crédito a la agricultura familiar y al fomento de la soberanía alimentaria. No obstante, en la medida que se conocen detalles operacionales, la política parece naufragar. ¿Mintió el Presidente a los campesinos, o le mintieron al presidente? Se estima que los 44 mil millones se reducirán probablemente a no más de 10 mil millones y el acceso a tasas del 7% dependerá de la disponibilidad presupuestal en SAGARPA (!) no de la capacidad de la Financiera Nacional.

Se establecen requisitos que carecen de una estrategia pública para que puedan ser cumplidos, como que los campesinos tengan RFC, cuando la mayoría vive en localidades donde no existe cobertura del SAT, aunado a que los trámites son complejos y los medios para pagar un contador público son, por razones obvias, imposibles de sufragar para los campesinos pobres.

Aunado a lo ya dicho, la Financiera Nacional no parte de una definición de pequeño productor que permitiría establecer metas de asignación: ¿Quiénes son los pequeños productores, en dónde están, cuáles son las características de tamaño de la tierra, ingresos y activos iniciales que los caracterizan?, simplemente se clasifica como pequeño productor a todo aquél que solicite un crédito menor a 230 mil pesos.

Por su parte, la garantía natural que parecía haber eliminado una de las principales barreras de acceso al crédito, se erige nuevamente al solicitar un paquete tecnológico certificado para el cual, ni la SAGARPA, ni la FND han establecido los mecanismos para que el pequeño productor acceda a éste, en cuyo caso, solamente podrán acreditarlo el minúsculo grupo de agricultores que ya tenían acceso a crédito. Cabe señalar que en países como Bolivia, Ecuador o Brasil, que han instrumentado garantías naturales, se hace obligatorio para las dependencias gubernamentales, proveer asistencia técnica y paquetes tecnológicos, justamente para evitar que los pequeños productores queden excluidos.

El otro aspecto que cierra el acceso es que el subsidio a la tasa de interés se sustenta en fondos de garantía que proveerá la SAGARPA, sobre los cuales tiene prioridad la FND y por lo tanto, si el intermediario financiero deja de recibir los pagos del crédito, probablemente el fondo de garantía haya sido usado por la FND para cubrir otros defaults. Bajo esta perspectiva, se protege la cartera de la FND y no del funcionamiento del sistema, por lo que los intermediarios preferirán abstenerse de operar estos créditos. Si bien, permanece la opción para que la FND coloque crédito directamente, dada la cobertura actual de 95 agencias para casi 190 mil localidades con menos de 2,500 habitantes (tan sólo el 20% de la cobertura del extinto Banrural que contaba con 550 sucursales) esto parece prácticamente imposible. Además cabría preguntar si es deseable que la FND tenga un sinnúmero de sucursales, en lugar de profundizar nuestro sistema financiero, junto con el hecho de que en 2012, sólo logró una cobertura de 16% de los 466,000 productores que habían recibido un crédito agrícola (INEGI, ENA 2012), mientras que la demanda es de 5.5 millones de campesinos.

De manera que para hacer efectivo el compromiso del Presidente EPN, y que la mayoría de campesinos tengan acceso al crédito productivo, este programa debe ser rediseñado en su operación. En primer lugar se debe ampliar la cobertura a través de incentivos para los intermediarios financieros (entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito) que otorgan el 45% de los créditos agrícolas de este país y fomentar nuevos intermediarios de productores rurales; asimismo dar certidumbre a los subsidios en tasa y garantía para evitar la concentración como ocurre con los subsidios agrícolas; enlazar el crédito con un programa de extensionismo agrícola y de introducción de nuevas tecnologías sustentables. Admitir la garantía natural (no el paquete) y fomentar la organización de productores. Una verdadera política pública requiere de una visión integral del problema.