Opinión

Crear la Ciudad de México, el estado 32

La Reforma Política de la Ciudad de México es un proyecto largamente negociado y gestado para beneficiar a los habitantes de la capital de la República, no sólo a los partidos o a los órganos de gobierno.

Es una reforma que se gestó desde 1997, el año en que los capitalinos pudieron elegir a su jefe de Gobierno y paulatinamente ganaron en derechos ciudadanos que antes estaban subordinados a la condición de capital de la República.

Esta reforma busca dotar a la ciudad de un trato similar al de los estados que integran la Federación, convertirla en una Entidad Federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. Dejará de conocérsele como Distrito Federal para ser la Ciudad de México.

Entre los avances más importantes de la reforma negociada y aprobada en comisiones del Senado están los siguientes:

a) Se permite a los habitantes de la Ciudad a organizarse conforme a su propia voluntad, a través de una Constitución, que siga los criterios mínimos que señala la Constitución Federal.

b) Se garantiza la rotación de los órganos de gobierno del Legislativo Local entre los partidos de mayor representación.

c) Se faculta al Legislativo Local a revisar la cuenta pública del año anterior, a través de una entidad de fiscalización, con autonomía técnica y de gestión.

d) Se establece que la hacienda pública de la ciudad y su administración son unitarias, al igual que el régimen patrimonial de la Administración Pública centralizada. Lo anterior a fin de reducir la burocracia.

e) Se elimina la necesidad de que el Congreso de la Unión apruebe el tope de la deuda de la ciudad.

f) Se da un trato similar al de los estados en materia de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, salvo que se exenta a las empresas paraestatales respecto de estas atribuciones, lo cual no ocurre en el resto de los estados.

g) Se faculta al jefe de gobierno para proponer cuotas y tarifas de impuestos, derechos y contribuciones de mejora.

h) Se establece que el gobierno de las demarcaciones territoriales de la ciudad está a cargo de alcaldías, integrados por un alcalde y un concejo. La integración del consejo es por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en una proporción de 60 por ciento y 40 por ciento, respectivamente.

i) La administración pública de las demarcaciones corresponde al alcalde.

j) Se establece una cierta competencia de las alcaldías en materia de gobierno, protección civil, obras, servicios, promoción económica y administración.

k) Los concejos aprueban el Presupuesto de las demarcaciones.

l) Se permite asegurar el acceso a recursos de las demarcaciones, a través de participaciones federales, impuestos locales de ingresos derivados de la prestación de algún servicio.

m) Se prohíbe a las demarcaciones la contratación de deuda.

n) Se establece la competencia del Congreso de la Unión para:

a. Una ley de coordinación entre poderes federales y la Ciudad de México, por ser la Capital, buscando que se garanticen las funciones de los primeros.

b. Se reconoce el Fondo de Capitalidad.

c. El jefe de gobierno puede nombrar y remover libremente al titular de la Policía. El Ejecutivo federal podrá removerlo libremente por causas graves, según la ley de coordinación entre la Federación y la Ciudad de México.

o) Se crea un régimen de coordinación metropolitano, entre la Federación, las Entidades Federativas y los municipios y demarcaciones en la Zona Metropolitana.

p) Se faculta a la Ciudad de México a participar del Constituyente Permanente.

q) Las alcaldías entrarán en funciones en 2018.

r) Se establece la necesidad de una Asamblea Constituyente a realizarse durante cuatro meses en 2016.

s) La entrada en vigor de la materia electoral de la nueva constitución es en 2017, aún u cuando la misma no haya sido aún terminada, ni promulgada.

t) Se faculta a las alcaldías a acceder a fondos y recursos de la Ley de Coordinación Fiscal

u) Se deja pendiente la disposición en materia de facultades de las alcaldías.

Antes de que terminara el pasado 15 de diciembre el periodo ordinario de sesiones en el Senado las principales fuerzas partidistas estaban de acuerdo en aprobar esta reforma. El único tema que aún se encontraba pendiente al momento de incorporar los temas en el dictamen era el relativo a las atribuciones de las alcaldías, toda vez que se buscaba evitar repetir la lista de atribuciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en 2006, de alrededor de 80.

En la conferencia de prensa dada por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de PAN, PRI y PRD la noche del 15 de diciembre, se anunció que se había logrado el consenso en lo relativo al acceso a los órganos de gobierno en el legislativo local, la facultad de iniciativa de los diputados constituyentes y el acceso de las alcaldías a los recursos federales. Sin embargo, se anunció que aún no se lograba el consenso para los temas de la asamblea constituyente, en lo relativo a la pertinencia de que fuera distinta a la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las atribuciones de las alcaldías.

El 17 de diciembre, las senadoras Gabriela Cuevas, Mariana Gómez del Campo y el senador Javier Lozano, los tres del PAN, anunciaron en conferencia de prensa, que no estaban de acuerdo, principalmente, en el tema de las atribuciones de las alcaldías, pues no retomaba totalmente el texto legal local de 2006, en la que aún se contenían atribuciones en materia de verificación y protección civil, mismas que por actos de corrupción fueron concentradas en el Gobierno del Distrito Federal en 2008.

Asimismo, los senadores del PAN anunciaron su desacuerdo en el manejo de los recursos, toda vez que se debía garantizar una especie de autonomía financiera de las alcaldías de sus propios recursos. Finalmente, anunciaron que texto de la reforma política del Distrito Federal no contenía una sola referencia a los derechos de las y los ciudadanos y que incluso el PRD había rechazado someter a referéndum el texto constitucional.

Estas posiciones no ayudaron en mucho a avanzar en los grandes temas donde habían ya acuerdos entre las tres principales fuerzas políticas. El interés de corto plazo, los malos entendidos o las llamadas cruzadas entre autoridades y legisladores impidieron que en 2014 se votara esta reforma.

Los legisladores les debemos a los capitalinos aún esta reforma que debe ser una de las prioridades al iniciar el 2015. La democratización plena de la Ciudad de México es una demanda que le debemos a los habitantes de esta gran ciudad.