Opinión

Corrupción y confianza en las leyes

Ayer se dio a conocer el dato de percepción de la corrupción por parte de la población de 18 años y más, no siendo algún resultado como para espantar a nadie: enterarse que 88.3 por ciento de la población objeto del estudio opinó que las prácticas de corrupción son muy frecuentes o frecuentes. De hecho, 12.1 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años han sido víctimas de algún tipo de corrupción. Este resultado debe verse muy de cerca y relacionarse con los datos del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, extraño nombre, por cierto, en donde 66 por ciento de los mexicanos considera que la ley se cumple poco o nada. Un caso terrible del clásico “me vale”. Ante esto hay muy poco que hacer, ya que es de todos sabido que la administración de justicia no es precisamente un servicio público en el que el gobierno destaque por esmerarse en su calidad, probidad, eficiencia y rapidez. Poco más de la mitad de los encuestados opina que de nada sirve acudir y denunciar ante el Ministerio Público, y 40 por ciento que han acudido a esta instancia dicen que su experiencia fue mala.

El círculo vicioso está casi herméticamente sellado y esto explica, también, que el crimen organizado recurra en primera instancia a comprar los servicios de la policía y de la autoridad judicial, para proteger su feudo y obtener una tasa de retorno muy elevada en el desarrollo de sus negocios, que ahora tienen más aristas; ya no es el simple trasiego de drogas, sino que la extorsión y el secuestro son parte de las actividades de estos grupos, a quienes lo único que les falta es que le pidan al gobierno una baja de impuestos e incentivos para invertir, lo que implicaría que las policías y cuerpos de seguridad, así como los jueces y Ministerio Público bajasen sus cuotas por participar, que es la única forma, muy sui géneris, en que pagan contribuciones y el incentivo a la inversión sería que se les reconocieran sus propiedades, vehículos, laboratorios y armamento, con lo cual invertirían para contar con lo último de la tecnología. Bueno, basta de absurdos.

Cada vez que surge un dato así, que medio escandaliza a la opinión pública, aunque debemos subrayar que a toda suerte de políticos les pasa por el arco del triunfo, a este Pupitre le viene a colación rescatar el informe Giulliani, acerca de qué hacer en la Ciudad de México, que enfatizaba la necesidad de que se instrumentara un operativo de cero tolerancia. Imaginemos qué maravilla sería no tener limpia parabrisas, acomodadores y viene-viene, vendedores de tamales, atole y fritangas, mercados ambulantes, piratería y demás lacras en las calles, para pasar en una segunda instancia a elevar las penas contra la corrupción por parte de funcionarios y hacer investigar a cuanto juez expida amparos al vapor, que deben ganar un dineral, para luego, en una tercera instancia, educar a la ciudadanía a no ofrecer dinero en sus actividades diarias y empezar por acatar la ley en materia de circulación, estacionamiento en la vía pública, vueltas prohibidas y demás “detalles” que muchísima gente acepta sin chistar, convirtiéndose en acelerador del mal.

La corrupción, como toda actividad criminal, que es ir en contra de las leyes, debe perseguirse y castigarse, para quitarle su característica de negocio muy lucrativo. En tanto no avancemos en esto, pues conviene tener siempre a la mano un billete, para ofrecerlo a quien nos va a hacer el favor.

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