Opinión

Corrupción legislativa


 
Hay un problema creciente de corrupción en muchos congresos del país: diputados que se vuelven gestores de recursos a cambio de beneficios económicos y políticos. Las acusaciones en contra del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados porque presuntamente ha solicitado “diezmo” a presidentes municipales a cambio de conseguirles recursos presupuestales, son reflejo de un problema que se empezó a gestar hace muchos años y que incluye a miembros de todos los partidos. Desconozco si el diputado Luis Alberto Villarreal es parte del problema, pero la estridencia debería dar lugar a una investigación amplia en lugar de tapar la discusión y arropar al acusado. Lo importante es cómo detener un problema que crece y que puede afectar seriamente a la democracia mexicana.
 
 
Es cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997, el gobierno enfrentó por primera vez la necesidad de “negociar” con los otros partidos a fin de aprobar el presupuesto. Una táctica consistió en darles bolsas de recursos para proyectos atractivos. En aquel año, por ejemplo, el entonces presidente del PAN, Felipe Calderón, consiguió nuevos fondos para los municipios de su partido a través del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun). Años después ya en la oposición, el PRI condicionó su apoyo a los presupuestos de los gobiernos panistas a cambio de más recursos para sus gobernadores (vía los ramos 28 y 33, recursos para carreteras, entre otros).
 
 
Asimismo, la Confederación Nacional Campesina (CNC), afiliada al PRI, logró recursos históricos para programas del campo, parte de los cuales iban para apoyar a líderes políticos de esa agrupación, no a campesinos.
 
 
Estos intercambios no constituyen en sí mismo un fenómeno de corrupción, sino de clientelismo presupuestal, común en casi todos los países del mundo. El problema de la corrupción surge cuando algunos gobernadores inician la táctica de recompensar económicamente a los legisladores que consiguen recursos etiquetados para sus entidades. El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, por ejemplo, está acusado de un presunto peculado por simular la compra de un tomógrafo por valor de 13.8 millones de pesos y que, según declaraciones de algunos exfuncionarios de su gabinete, se habrían destinado a la “compra” de votos de diputados federales encargados de gestionar recursos para obras de salud en la entidad.
 
 
La corrupción legislativa también surge cuando gobernadores que enfrentan legislaturas de oposición, usan la recompensa económica para lograr la aprobación de sus iniciativas. En ocasiones los legisladores pueden recibir sobre sueldos que les da el gobierno. También existe la modalidad de pago por evento: pagos por votaciones en temas estratégicos —por ejemplo la aprobación del presupuesto.
 
 
Hace pocas semanas se conoció una grabación que revela el enojo de varios exdiputados locales de Zacatecas (PT, PAN, PRD y PVEM) porque no habían recibido un pago de 100 mil pesos que les había prometido el gobierno estatal (encabezado por el PRI), para aprobar sin cambios el presupuesto de egresos de 2013. La evidencia muestra un modus operandi muy dañino para la democracia mexicana: el cambalache de un voto legislativo a cambio de dinero, lo cual destruye el papel que los congresos deben jugar para contrapesar a los poderes ejecutivos y combatir la corrupción.
 
 
Una de las grandes desviaciones del proceso de cambio político en México ha sido que el pluralismo —que desde 1979 había contribuido a darle más voz e independencia al Congreso— se está convirtiendo en estímulo para la complicidad, para la corrupción y ha diluido la responsabilidad política de los legisladores. Hay algo peor que el sistema de partido hegemónico del siglo XX que limitaba el control del gobierno: un sistema pluripartidista que no ejerce contrapesos efectivos porque algunos legisladores de la oposición han optado por el confort del dinero y sucumbido frente a la corrupción.
 
 
La semana pasada vimos que en lugar de reconocer un problema que sí existe y llamar a una investigación del problema, varios legisladores simplemente “taparon” la discusión. El problema no se llama Luis Alberto Villarreal —reitero, desconozco su presunta culpabilidad— sino un sistema de pluralismo legislativo que está degenerando en muchas entidades del país y también entre algunos legisladores federales. No todos los legisladores actúan por motivación económica —la mayoría creo yo lo hace por construir una carrera política y muchos también por una profunda convicción democrática— pero si el proceso de “coyotaje” no se detiene frontalmente, en pocos años tendremos un congreso sin vocación, sin conciencia y sin utilidad para la democracia…