Opinión

Corrupción e impunidad en la impartición de justicia en México

1
 

 

A tres meses de la desaparición de los 43 normalistas, miles salieron a las calles para marchar por los jóvenes. Tras recorrer las principales avenidas del centro de la ciudad, el grupo realizó un mitin en el Monumento a la Revolución.  (Alejandro Melénde

El marco jurídico e institucional del país experimentó cambios importantes en la última década; al mismo tiempo, el Congreso de la Unión aprobó reformas estructurales que estaban en el tintero por largo tiempo; sin embargo, México continúa siendo evaluado como un país subdesarrollado.

Un indicador básico de este hecho es que casi dos tercios de la población viven en la pobreza. A juicio de muchos analistas, el centro de la problemática mexicana esta en la extensión y profundidad de la corrupción y la impunidad en la impartición de justicia, fenómenos que finalmente se traducen en el no respeto de los derechos humanos. A esta realidad se adiciona el escalamiento de las acciones ilícitas del crimen organizado que han puesto “en jaque” la gobernabilidad del país y la seguridad del mismo.

En este contexto, el expresidente Vicente Fox anunció una “gran cruzada” contra la corrupción y para atrapar a “peces gordos caiga quien caiga”; la cruzada fue básicamente mediática, e incluso defendió a los hijos de su esposa acusados de diferentes actos de corrupción y tráfico de influencias. Posteriormente, y como medida de austeridad frente a la crisis 2008-2009, el expresidente Felipe Calderón propuso la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), organismo del Estado encargado de coordinar, evaluar y vigilar el ejercicio público del gobierno de nivel federal; la propuesta no se concretó por que el Congreso nunca la aprobó.

Después de un lustro de inactividad de la SFP y, sin asignación de un secretario, el presidente Peña restauró sus funciones en febrero de 2015 y nombró como secretario a Virgilio Andrade Martínez, destacado y probo funcionario público, que entre otras funciones tendrá la responsabilidad de investigar si hubo o no conflicto de intereses en las compras que hicieron el presidente, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda Luis Videgaray a empresas contratistas de gobierno federal a precios mas baratos de mercado o con hipotecas blandas, lo que significa averiguar si existieron actos de corrupción en estas operaciones.

Se considera que la reactivación de la SFP busca fundamentalmente restaurar la credibilidad del presidente seriamente cuestionada por la opinión pública a raíz de la ejecución de 22 delincuentes por parte del Ejército en Tlataya, el 17 de septiembre pasado, en el Estado de México, y de la matanza de 43 normalitas de Ayotzinapan el 26 de ese mes por órdenes del alcalde de Iguala con el apoyo de policías municipales que entregaron a los estudiantes al crimen organizado; el deterioro de la imagen presidencial también está vinculado al caos social que se ha creado en varios estados de la República por los actos vandálicos de centrales magisteriales y otras organizaciones relacionadas a movimientos guerrilleros y a partidos de izquierda, principalmente.

Cabe destacar que el secretario de Hacienda ha sido ampliamente criticado por la reforma fiscal que se ha calificado de inhibidora de la inversión productiva, entre otros impactos negativos.

Analistas políticos piensan que la investigación de la SFP, cuyos resultados serán revisados por académicos y personas del sector privado, es una “bola de humo” para disipar la falta de transparencia en las operaciones inmobiliarias mencionadas y un golpe a la creación de una comisión desconcentrada que investigue y penalice acciones corruptas de la burocracia (comisión anticorrupción) congelada en el Congreso desde noviembre del 2014; asimismo, que el nombramiento de Virgilio Andrade representa un conflicto de intereses en sí mismo por su cercanía al presidente; de hecho es subalterno del mismo y amigo de otros secretarios de Estado, básicamente de Luis Videgaray, quien fue su jefe y compañero de escuela. Videgaray es el padrino político de Andrade. Por otra parte, se cuestiona de que la SFP no tiene autoridad para investigar a un particular (Angélica Rivera) en sus tratos con otros particulares (los vendedores de la propiedad que ésta adquirió).

La corrupción no se podrá enfrentar en tanto no existan órganos verdaderamente independientes del gobierno que pongan en el banquillo de los acusados a líderes sindicales venales, gobernadores y otros altos funcionarios públicos que se han apropiado de los dineros públicos y privados, y no sólo han detenido el crecimiento económico y la justicia social, sino que se burlan y se ufanan de sus acciones delictivas. En la ciudad de México, como uno de tantos testimonios de falta de transparencia e impunidad, está la Estela de Luz y la 'Línea Dorada' del Metro.

También te puede interesar:
Compleja situación política en Argentina
Los fundamentalistas islámicos se radicalizan
El Holocausto, nunca jamás