Opinión

Controversia por diseño mixe evidencia laguna en ley mexicana

 
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Pirata. (Twitter @estacionfoto)

Una nueva polémica suscitada por la pretensión de apropiación de una modista francesa de un diseño textil de origen oaxaqueño, ha puesto al descubierto, una vez más, nuestra indiferencia legislativa hacia el tema de la protección en nuestro país de las llamadas “expresiones del folclore”, las cuales engloban a un numeroso grupo de producciones artesanales y culturales de nuestro amplio mosaico nacional.

El asunto escaló de manera geométrica en redes sociales al conocerse que la modista francesa Isabel Marant reclamaba como de su autoría un diseño plasmado en una blusa que es la tradicionalmente usada por la comunidad del poblado oaxaqueño de Santa María Tlahuitoltepec; ahora la empresa en la que participa la diseñadora, denominada Antiquité Vatic, ha iniciado un juicio para defender como suyos los derechos.

Más allá de las consideraciones éticas que el asunto apareja, es claro que el desencuentro deriva de una negligente falta de regulación de las llamadas “expresiones de folclore” en nuestro país, que ha sido un tema señalado al menos desde hace 15 años por diversos especialistas. A pesar de que este tipo de regulación ha sido adoptada por numerosos países que han reconocido en su producción étnica un valor cultural y económico destacado, extrañamente en México no ha sido materia de discusión parlamentaria, a pesar de nuestra gran producción de origen étnico.

Los ejes esenciales sobe los que descansa una legislación de este tipo se conforman en el reconocimiento de que, si una o varias etnias o pueblos indígenas son identificadas como generadoras originales de determinados productos artesanales, dicha comunidad gozará del privilegio de ser la única que podrá realizar o autorizar la manufactura o importación de productos que sean una réplica o imitación de aquellos.

Este solo hecho introduce en nuestro sistema un cambio fundamental. A partir de la promulgación de una legislación de este tipo, las artesanías de barro negro de Oaxaca (por citar un ejemplo), sólo podrán ser elaboradas por los pueblos y comunidades que han preservado esa tradición a lo largo de los años, redirigiendo los beneficios correspondientes a los creadores originarios. En el fondo de este tipo de legislación, lo que subyace es una forma de recompensa autoral, que es la misma mecánica que ha imbuido de sentido y eficacia al sistema de propiedad intelectual a lo largo de la historia moderna.

La gran diferencia de este mecanismo es la singular condición consistente en que la titularidad del derecho no se atribuye a un individuo o empresa en particular, sino a una comunidad que, por su propia naturaleza, se ubica en una posición conceptual difusa; la otra nota peculiar es que se trata de un derecho colectivo, de nueva generación, que se acuña en la propia identidad del andamiaje cultural que le precede. Lo que esta legislación vendría a cambiar es que, cuando los artesanos mexicanos eleven quejas ante la abundancia imparable de copias extranjeras de su artesanía, no reciban por respuesta una desestimación inmediata de su reclamo, bajo el argumento falaz de la globalización comercial. Esta es una forma, por así decirlo, de re-apropiarnos de lo que a lo largo de la historia ha sido nuestro.

Hago votos porque esta sea la gota que derrame el vaso y, finalmente, nuestros ocupados legisladores puedan desviar la mirada hacia este tema, y de una vez por todas proteger el patrimonio cultural de nuestros pueblos.

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