Opinión

Contrastes

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Armas y drogas decomisadas en mayo de 2015 en un predio en Tamaulipas que era usado como casa de seguridad

A principios de 2014 Michoacán parecía al borde de la guerra civil. En respuesta a los crecientes abusos de Los Caballeros Templarios, en los municipios de Tierra Caliente se habían organizado grupos de autodefensa que fueron tomando control, una por una, de las poblaciones de la región. Ante el enorme riesgo que suponía el avance de las autodefensas sobre Apatzingán (un bastión templario y principal ciudad de Tierra Caliente), el gobierno federal se decidió a intervenir: reforzó el operativo de seguridad en la entidad e inició un proceso de regularización de las autodefensas. Sin embargo, el aspecto más importante fue la conformación de una “comisión para la seguridad y el desarrollo integral” que en la práctica asumió varias de las facultades del gobierno estatal.

Por aquel entonces, la delincuencia y la ingobernabilidad en Guerrero
–que ya era el estado más violento de México– todavía despertaban escaso interés. Fue necesaria la tragedia de Iguala, unos meses más adelante, para que los mexicanos reconociéramos que la situación en Guerrero era igual o más crítica que la de Michoacán. En ambos estados, la crisis de inseguridad estuvo acompañada por una crisis institucional: en Michoacán el gobernador, Fausto Vallejo, dejó el cargo antes de concluir su periodo (por problemas de salud, pero también inmerso en las dudas que generó la difusión de imágenes en las que su hijo aparecía en compañía de Servando Gómez La Tuta, líder del cártel de Los Caballeros Templarios); en Guerrero, Ángel Aguirre pidió licencia ante la crisis política que suscitó la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Sin embargo, a pesar de haber vivido procesos similares de deterioro en los años previos, Michoacán y Guerrero han evolucionado de forma muy distinta después de la renovación de las gubernaturas y las alcaldías que tuvo lugar a finales de 2015.

A Silvano Aureoles, el gobernador perredista de Michoacán, se le ha acusado de muchas cosas, pero nunca de “nadar de muertito”. Desde antes de asumir la gubernatura anunció que no permitiría que grupos de autodefensa continuaran operando en el estado (lo anterior, sin desconocer el papel que desempeñaron en tiempos en los que la población vivía a merced de Los Templarios). Además de avanzar en el desarme de los grupos de autodefensa, en sus primeros cien días de gobierno Aureoles logró concretar la firma del Mando Único en 112 de los 113 municipios de la entidad, y actualmente se propone construir en sus seis años de gobierno una policía única, llamada Policía Michoacán, de 12 mil elementos, que será una de las corporaciones más grandes del país.

El gobierno de Aureoles también ha mantenido una postura firme frente a la CNTE; no ha cedido ante los intentos por sabotear la reforma educativa, y se han dictado órdenes de aprehensión en contra de los maestros que han incurrido en delitos. Algunas voces han señalado a Silvano Aureoles como un gobernante represor; otros han denunciado su excesiva cercanía con Los Pinos. El primer señalamiento merece analizarse con detenimiento; respecto al segundo no quedan muchas dudas, como tampoco hay duda de que el apoyo del gobierno federal será crítico para revertir la dramática situación que por años padecieron los michoacanos.

En cambio, en Guerrero la administración de Héctor Astudillo no ha dado atisbos de contar con un plan para poner fin a la desastrosa situación que prevaleció durante el gobierno de Ángel Aguirre y el interinato de Rogelio Ortega. Más allá de un mayor despliegue del Ejército, no se ha echado a andar ninguna medida para hacer frente a las mafias que controlan buena parte de la economía y de la vida política en el estado. Entre los hechos de las últimas semanas destaca la masacre de 11 personas en una fiesta en Coyuca, el secuestro de 17 en Arcelia, y el del esposo de una síndica (que ya había sido objeto de amenazas) en Ciudad Altamirano.

El contraste entre Michoacán y Guerrero ilustra una dura realidad de la vida política en México. Existen poderes fácticos (criminales y no criminales) que tienen la capacidad para poner de rodillas a un estado entero con el sólo propósito de demostrarle al gobernador que ellos son quienes en verdad mandan.

Así operó la Sección 22 en Oaxaca hasta que el año pasado logró agotar la paciencia del gobierno federal. Así han intentado operar los grupos criminales en Morelos (y sus aliados en la clase política local) desde que el gobernador Graco Ramírez se propuso recuperar el control de las corporaciones de policía. Por ello, los primeros meses de la gestión de un gobernador son un momento crítico. Si el gobernador no demuestra una determinación clara de tomar medidas de autoridad, los poderes fácticos harán lo propio, y el nuevo gobierno terminará por ser rehén de sus exigencias. Una dura lección que –tal vez demasiado tarde– estará aprendiendo el gobernador de Guerrero.

Twitter: @laloguerrero

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