Opinión

¿Contrarreforma?

Muchos han sido los comentarios, críticas, cuestionamientos y análisis en torno al proyecto de Leyes Secundarias presentadas por el Ejecutivo ante el Congreso en materia de telecomunicaciones.

Especialistas señalan una aparente contradicción o incoherencia entre lo que afirma y señala la reforma en la materia, que ya es texto constitucional, y lo que las supuestas secundarias pretenden ordenar y regular. Tal vez una de las incoherencias más notables sea el hecho de retirar facultades que ya eran territorio y jurisdicción del Ifetel, para trasladarlas a la Secretaría de Gobernación.

El gobierno federal supervisó, controló y censuró por décadas los contenidos mediáticos en prensa, radio y televisión. Eran facultades -algunas explícitas y otras encubiertas- de Gobernación y específicamente de RTC: la “supervisión” de todo contenido noticioso, informativo y hasta recreativo. La última década, con sus tropiezos y desencantos, dejó un significativo avance en materia de libertad de expresión, de pluralidad y también de independencia mediática. Hoy tenemos, es innegable, medios más libres, más independientes, más autónomos del poder -político- y de otros poderes también -económico, religioso, partidista y corporativo. Tenemos medios más plurales, abiertos, tolerantes. Subsisten ejemplos evidentes donde los intereses corporativos e industriales, se imponen al simple compromiso con los públicos y las audiencias.

Sería un grave retroceso, que de aprobarse esta iniciativa de normatividad en telecomunicaciones, quedaran en el ámbito de gobernación, las herramientas para “revisar” o “supervisar” contenidos, siempre con criterios oscuros y de grupo.

El mismo Ejecutivo se adjudica la posibilidad de “intervenir” en los temas referentes a transmisiones, contenidos y demás relacionados con la industria siempre que así se requiera.

Llama la atención que sea el propio gobierno que impulsó la reforma el año pasado, el mismo que ahora propone una normatividad que no responde cabalmente a ese mismo propósito. La reforma abría las condiciones para un marco de competitividad más equilibrado en la industria, la declaración de los actores preponderantes así lo ratifica –obra del Ifetel por cierto- además de colocar las bases para que nuevos productores o generadores de contenido pudieran participar.

Es como si el gobierno hubiese recibido enormes presiones para dar marcha atrás, o que en las nuevas condiciones post-Pacto, ante las grandes reformas ya aprobadas, el PRI mostrará su verdadero rostro antidemocrático y controlador.

Existe un riesgo importante para la imagen del presidente Peña Nieto, quien ha recibido múltiples elogios y reconocimientos en México y el mundo, al someter a juicio su capital reformista. Ahora resulta que ¿las reformas no pretendían una transformación auténtica? La reforma de telecomunicaciones ¿fue sólo un caramelo a la oposición a cambio de obtener contrarreloj la aprobación de la energética?

Si el espíritu reformista es honesto y auténtico debe demostrarse con paquetes legislativos en plena coherencia con la reforma constitucional. Si en efecto, la reforma en telecomunicaciones pretende –como han afirmado insistentemente- modificar el marco y los términos de competencia, abrir el mercado, multiplicar la calidad de contenidos, equilibrar las condiciones entre los grandes emporios y los pequeños productores, detonar una industria que ha estado controlada por unos cuantos por décadas, no hay más remedio que avanzar con la reforma e impulsar los cambios originalmente propuestos.

El presidente y su gobierno dañarían su inicial prestigio de primer año, si las leyes secundarias retroceden, contradicen, ocultan o simulan los preceptos de apertura, pluralidad, independencia y autonomía señalados en el texto original.