Opinión

Contraloría Social y coordinación gubernamental

Hoy concluyen las 1as. Jornadas Nacionales de Contraloría Social, organizadas por la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, inaugurada ayer por Julián Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado del Despacho de la Función Pública, con la participación de los gobernadores de Puebla y Sinaloa, y de Luís Carlos Ugalde . También estuvieron el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Raúl Sánchez Kobashi y el contralor del gobierno del estado de Querétaro, coordinador de la Comisión Permanente. Julián Olivas mencionó algunos de los logros de la Secretaría, como el rebasar ya seis mil millones de pesos de recuperaciones, derivado de las auditorías realizadas.

Respecto a la Contraloría Social, mencionó que se han constituido 35 076 Comités de Contraloría Social, con 160 mil integrantes, en torno a 65 programas federales. Se instalaron módulos en que las entidades federativas mostraron logros y lo que están haciendo para apoyar el desarrollo de la Contraloría Social, encabezados por sus contralores internos.

Además de ser una buena práctica, es claro que la participación de los ciudadanos en la fiscalización de las obras que se realizan en sus comunidades permite ubicar y corregir fallas en las obras que finalmente les pertenecen. En el fondo no hay mejor contralor que el propio beneficiario y esto se puede apreciar muy bien en los pueblos del México rural.

Lo anterior muestra la relevancia de la coordinación ente diferentes órdenes de gobierno, como ha sido el caso de la coordinación fiscal, hoy extendida en todas las áreas de la política pública, e incluso en todos los poderes, como se aprecia en la reunión de los congresos locales. En el campo de la fiscalización esto es más que evidente.

Recordemos que a principios de los años noventa la importancia de la figura del contralor social adquirió dimensiones importantes, no sólo en lo social y político, ya que también coadyuvó positivamente a lo que hoy se repite como objetivo en cualquier programa social, esto es, la transparencia y una mejor rendición de cuentas. Surgió en el marco del Programa Nacional de Solidaridad, presupuestariamente en el Ramo 26 del PEF, cuyos recursos sobreviven hoy en el Ramo 33 -capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal- como Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

En Oaxaca, que es la experiencia que conozco mejor, la figura del contralor social se constituyó en los años noventa en un movimiento ciudadano real: se veía en las asambleas de capacitación de los pueblos no sólo a las autoridades encargadas de ejercer los recursos, con los normativos de Sedesol y Hacienda, también a los contralores sociales. Quizás en esa entidad por el número de municipios y de localidades fue tan relevante y exitoso.

Claro que las circunstancias han cambiado, pero como se observan en los trabajos de la Secretaría de la Función Pública y en los de la Auditoría Superior de la Federación, además de incomprensión de las normas, todavía existen actos de corrupción en el ejercicio de los recursos públicos -de lo que habló por cierto Luis Carlos Ugalde- y la Contraloría Social tiene un potencial exponenciado para atacarla y prevenirla.

Enfrentar la corrupción con éxito requiere la participación activa y vigilante de la sociedad, no sólo en el ejercicio de los recursos, también desde su diseño para evitar que se hagan las obras que la gente no necesita, que las “ejecute” el cuate del funcionario, o que no se cumpla con lo comprometido y los tiempos.

Transparencia no es un lugar común, menos la rendición de cuentas, empezando por la gente. A eso ayudan la Contraloría Social y la coordinación intergubernamental.