Opinión

Contra los violentos, la ley

 
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Sección 22, SNTE, CNTE, Oaxaca. (Cuartoscuro / Archivo)

Con la violencia suscitada los últimos días y con la decisión de la Secretaría de Educación Pública de suspender “indefinidamente” las evaluaciones de los maestros, es bastante obvio que la reforma al sistema educativo y el derecho a votar simple y llanamente no son prioridad. Ni para el gobierno, ni para la clase política, ni para la clase empresarial, ni para los ciudadanos.

Desde el fin de la semana pasada ha habido preocupación por las amenazas de la CNTE de sabotear las elecciones haciendo uso de la violencia y por la aparente subyugación de las secretarías de Educación y Gobernación buscando apaciguar a la bestia, y sorprende la tibieza de la sociedad civil.

Quisiera imaginarme cuál hubiera sido la reacción de la sociedad civil en otros países si un grupo saboteara las elecciones haciendo uso de la violencia.

Seguramente se movilizaría la clase política haciendo un llamado de votar en contra del partido o los partidos que apoyan a estos grupos violentos o que permitieron que esos grupos se envalentonaran. También me puedo imaginar un llamado masivo para salir a votar para demostrar que ninguna persona –por más peligrosa– va a detener las elecciones.

¿Por qué no organizó el gobierno federal un acto público y republicano con la presencia de los gobernadores, presidentes de partidos políticos, representantes de las tres ramas del poder, representantes de las cámaras empresariales, ONG y asociaciones de padres de familia para hacer un llamado a proteger el voto?

Pero en el momento en que el gobierno federal tira por la borda una de las reformas más importante de este sexenio y violenta la Constitución, queda al descubierto la incapacidad de negociar o la percepción de que el gobierno federal no tiene ni la credibilidad ni el apoyo político de asumir los costos de defender el voto y la reforma educativa.

¿Ahora qué? Es bastante obvio que por lo menos en algunas partes del país el costo de asegurar las elecciones podrían ser los enfrentamientos, heridos y muertes de autoridades electorales, civiles y fuerzas de seguridad.

Ante esta realidad, el INE y las autoridades federales y estatales tendrán que reconocer la imposibilidad de llevar a cabo comicios, ya sea horas antes o el mismo día de las elecciones.

Pero el gobierno debe escudarse con la Constitución y el Estado de derecho, como debió haberlo hecho desde un inicio, anticipando con hacer uso legítimo de la fuerza, además de apresurar la implementación de la reforma en aquellos municipios donde no se pudieran llevar a cabo las elecciones; despidos masivos de maestros por participar en huelgas o por no estar en sus salones dando clases o por no haber participado en la evaluación; retraso de pagos y detención de maestros para someterlos a procesos penales por estar participando en actos de sabotaje y violencia. O sea, implementar la ley, empezando en esos distritos y municipios donde no se pudieron llevar a cabo las elecciones.

Hay una regla clara de negociación para un gobierno que enfrenta las amenazas de violencia e ilegalidad. El error de un gobierno que no cree en sus propias instituciones es negociar la ley. Porque para cualquier gobierno el límite tiene que ser eso, no negociar el único escudo que tiene todo gobierno en una negociación, que es la Constitución.

Cualquier cosa puede ocurrir cuando se negocia con los violentos.

Repito una idea plasmada en este espacio hace algunos meses: obviamente no es lo mejor que nuestros niños se eduquen a distancia mediante radio, televisión o internet. Pero ante la realidad de Oaxaca y Guerrero, el gobierno tendrá que darles las herramientas a los padres y líderes comunitarios para que no se pare la educación de millones de niños debido a las protestas y los enfrentamientos.

Tal vez lo que sucederá es que al reemplazar cursos por YouTube o por radio, los niños recibirán una mejor educación, que a través de los maestros que tienen en este momento.

Twitter: @Amsalazar

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