Opinión

Contra el hambre, ¿más asistencialismo?


Las evidencias del uso electorero de programas sociales en Veracruz tienen doble fondo: la justificada protesta de los partidos de oposición y el sacrificio de la calidad de los programas que implica su manejo tramposo.
 
La Cruzada ¿Nacional? contra el Hambre, que parecía una buena estrategia cuando fue presentada en enero, ha tenido señalamientos serios que deberían ser corregidos ya.
 
Esas correcciones a la calidad de los programas sociales son la materia sustantiva, aunque su manejo electorero atraiga mayor atención.
 
Por supuesto que hizo bien la oposición en protestar y también el gobierno actuó con tino al suspender todo acto público del Pacto por México mientras el PAN y el PRD se mantuvieran ausentes por el escándalo veracruzano.
 
A las fuerzas coligadas en el Pacto por México, "quizás la mejor invención del sistema político mexicano en los últimos 20 años", como escribió Enrique Quintana en su columna el pasado miércoles, les interesa preservarlo. Lo descubierto en Veracruz creó un momento crítico, pero no una amenaza real de ruptura.
 
La ruptura del Pacto sólo la quieren los calderonistas del PAN para lograr la renuncia de Gustavo Madero y alguna corriente perredista; pero la cohesión de los líderes del PAN y el PRD con el PRI y el gobierno de Peña Nieto la da el hecho de que todos ganan si tienen éxito y todos pierden si fracasan en su intento de restablecer el poder público.
 
El Pacto se ha propuesto, en efecto, recuperar espacios de decisión política que habían perdido las instituciones del Estado, desde la Presidencia de la República y el Congreso hasta el Poder Judicial, todos ante poderes fácticos en diversos sectores estratégicos de la economía.
 
A eso aspiran las fuerzas políticas, y el país lo necesita, aunque todavía debe clarificarse la orientación que adquiera el poder público que sea recuperado. La mayor debilidad del Pacto es su carácter cupular, al que le hace falta incorporar a otras fuerzas políticas regionales y a la sociedad organizada.
 
La incorporación social es determinante en la calidad y aplicación de las políticas sociales. Tal como fue presentada la Cruzada ¿Nacional? contra el Hambre en enero pasado, parecía que rompería con el vicio de confundir la política social con programas asistenciales.
 
A estas alturas, apenas puesta en marcha por Peña Nieto en Chiapas la semana pasada, todo indica que la Cruzada sigue la inercia asistencialista en vez de orientarse a fortalecer las capacidades productivas de su población objetivo.
 
La mayor parte de la población objetivo de la Cruzada no requiere comestibles regalados, sino superar la pobreza de sus actividades. El criterio de bajo ingreso con el que se identificó a la población objetivo, oculta aspectos de sus condiciones de vida en los que debería incidir la política social.
 
La selección de pobres con hambre por ingreso insuficiente para la compra mínima necesaria de comestibles, olvida que mucha gente en las comunidades rurales obtiene parte de su alimentación de lo que produce su parcela, su milpa, y otra parte la compra en el mercado.
 
La mejor política social para esa población sería la que ayudara a fortalecer sus capacidades productivas, carentes de recursos.
 
En vez de ello, la Cruzada se presenta como la conjunción de programas preexistentes: 65 y Más, Oportunidades, Empleo Temporal, Programa de Atención a Zonas Prioritarias y otros de apoyo a la vivienda por los cuales se regalan láminas de cartón, cemento y otros materiales.
 
Habría que evitar que la Sedesol opere por el camino fácil de la inercia del asistencialismo y lograr que cambie la desigualdad en los apoyos institucionales, que se concentran en la agricultura más tecnificada.
 
Habría que reorientar los apoyos a favor de millones de pequeñas unidades agropecuarias con potencial productivo por aprovechar, en la mayoría de los casos para mejorar la mera subsistencia familiar y en unas 750,000 unidades, para elevar la oferta alimentaria en el mercado nacional.
 
De vuelta al asunto de la población objetivo: la Sedesol tiene que aclarar ¿por qué, si son 11.7 millones de mexicanos los que no tienen dinero para comprar suficientes alimentos, la cruzada se dirige sólo a 7.4 millones de ellos? Y si en México hay más de 52 millones de personas en pobreza patrimonial, de capacidades y alimentaria, ¿qué ofrece la política social del sexenio a más de 44 millones de pobres?
 
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