Opinión

Consulta petrolera


 
El sábado pasado venció el plazo para que el Congreso diera vida a tres modalidades de participación ciudadana que fueron aprobadas a nivel constitucional en 2012: la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes. Como ha ocurrido antes, el Poder Legislativo incumplió los plazos que él mismo estableció y eso afectará ahora al PRD que quiere organizar una consulta popular, pero no hay sustento jurídico para ello, salvo un ejercicio simbólico que no será vinculante.
 
 
Dice la Constitución que una consulta popular puede ser convocada por un tercio de cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión, o por 2% de la lista de electores.
 
 
Será vinculante si participa más del 40%. El problema, además de que la figura no está reglamentada, es que tales ejercicios solo pueden ocurrir durante la jornada electoral federal, la más próxima en 2015. (Ayer Marcelo Ebrard exigió un plebiscito pero esa figura no fue parte de la reforma de 2012).
 
 
La consulta popular es una figura existente en más de la mitad de los países del mundo.
 
 
Sirve para 'legitimar' decisiones de gran trascendencia como un cambio de régimen político, reformas a la Constitución y también para medidas controvertidas como lo es en México romper un símbolo histórico y permitir la inversión privada en petróleo. Tienen razón algunos miembros de la izquierda de que reformas tan trascendentes debiesen pasar por un ejercicio de esa magnitud y naturaleza.
 
 
Más allá de las limitaciones legales, la reflexión de fondo es si una consulta popular es un buen ejercicio de discusión pública para mover a México y generar una democracia más vibrante. En el caso del sector energético —que requiere inversión privada, nuevas tecnologías y mayor competencia—, todas las encuestas muestran que más del 60% de la población rechaza cambiar la Constitución para permitir la inversión privada. ¿Eso significa que es mala? Si el “pueblo” lo piensa, ¿debe desecharse como una medida antidemocrática?
 
 
Democracia significa encabezar las demandas de la sociedad, pero también liderazgo para cambiar el status quo. Bajo una lectura literal, si los ciudadanos rechazan pagar impuestos habría que abrogarlos, pero el resultado sería un desastre para todos. Por eso es un sofisma argumentar que los políticos deben sólo hacer lo que la gente quiere. Representación política significa rendición de cuentas, pero también encabezar y convencer de cambios que en el futuro signifiquen una mejoría social, aunque en el corto plazo haya rechazo o incluso sacrificio.
 
 
No obstante lo anterior, de existir la figura legal que no lo está, hubiera sido muy saludable que la reforma energética se sometiera a una consulta popular, siempre y cuando las partes contaran con el espacio de divulgación para persuadir a la población de sus argumentos. A pesar del mito histórico, el gobierno pudo haber desplegado una campaña eficaz para explicar por qué la inversión privada es buena para el bienestar de todos los mexicanos.
 
 
A falta de un debate abierto, López Obrador gana la partida porque los libros de texto gratuito y la propaganda gubernamental de varias décadas están de su lado. Asimismo, porque es diferente preguntar si es buena la privatización (una pregunta de instrumentos), o si la gente quiere que aumente la riqueza del petróleo en beneficio de todos (una pregunta de meta).
 
 
Hasta ayer que se presentó la iniciativa del presidente Peña Nieto, los reformistas habían optado por una batalla de bajo perfil, circunscrita al círculo rojo. No sé si a partir de ahora adoptaran una estrategia más agresiva y didáctica, pero algunos de ellos quizá piensen que la pelea de la opinión pública está perdida. Al hacerlo, hacen de la modernización de Pemex un asunto de élites, sin reparar que  no sólo se requieren modificar las reglas del juego sino también construir el ánimo social para ello. No es un cambio menor: se trata de modificar el paradigma de la 'soberanía petrolera'. No se requieren masas vitoreando al gobierno como ocurrió en 1938, pero al menos una aceptación mayoritaria a la reforma.
 
 
 
Para convencer, no se requieren argumentos tecnocráticos sino de justicia distributiva. Los reformistas tienen la razón en los méritos de mercado de la reforma, pero hasta ayer no habían explotado su dimensión distributiva. La propuesta del gobierno contiene secciones precisas de beneficios esperados: seguridad social, educación e infraestructura. Falta ver si tendrá impacto sobre la formación de la opinión pública y si tiene credibilidad.
 
 
El mayor obstáculo de la modernización del sector energía es la memoria de las llamadas reformas neoliberales de los años ochenta y noventa: se vendió un paraíso que la gente no percibió, y sí, en cambio, hubo una crisis económica en 1995 y una oleada de acusaciones de corrupción que la gente asocia a la 'maldita' palabra privatización. La percepción histórica no está del lado de los reformistas. Su mejor apuesta es convencer al público no solo de los méritos de la inversión privada sino, sobre todo, de que ahora sí habrá garantías de que los beneficios serán para todos, especialmente para los que menos tienen. ¿Lo serán?
 
 
 
Twitter: @LCUgalde