Opinión

Construyendo el futuro

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América Latina. (Especial)

Hay, en el mundo, 28 países que podemos llamar exitosos. Su ingreso promedio es del doble del promedio mundial, mientras que su distribución es más igualitaria. Todos ellos (con la posible excepción de Singapur) son democráticos. Ninguno es perfecto, claro. Hay otro tanto casi igual de países que tienen ingreso medio, o casi medio, es decir, que están entre 0.75 y 2 veces el ingreso promedio mundial. Y luego hay un centenar que vive en condiciones más difíciles.

La diferencia entre los primeros dos grupos, entre los ricos y los medios o casi medios, se concentra en dos asuntos. Los países exitosos tienen un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a los ciudadanos, y tienen una sociedad que celebra la producción de riqueza y desprecia la riqueza obtenida por privilegios.

Acá en América Latina no hemos podido con el segundo tema nunca, y sólo a veces con el primero. En México, por ejemplo, tuvimos durante el siglo XX un Estado fuerte, ciertamente, pero que no estaba limitado por la ley ni era responsable frente a los ciudadanos. Eso empezó a cambiar en 1997, cuando debilitamos el Estado para poder construir la democracia (imperfecta) en la que estamos. Pero eso provocó el fortalecimiento de otros actores, que ocuparon el vacío que fue dejando el presidencialismo absoluto del viejo régimen: gobernadores, líderes corporativos, empresarios oligopólicos, crimen organizado.

Llevamos poco menos de 20 años en el proceso de recuperar el Estado fuerte, pero ya no concentrado en una persona. Precisamente por ello las mejoras en limitación por la ley y responsabilidad frente a los ciudadanos son de la mayor importancia. Es en esta perspectiva que hay que entender lo logrado en estos días: el jueves los diputados aprobaron la Ley de Transparencia, y los senadores aprobaron, en comisiones, el sistema anticorrupción. Hoy deben aprobarlo en el Pleno y enviarlo a que las legislaturas locales lo refrenden, para efectos constitucionales. Ambas leyes fueron hechas con una participación más que amplia de la ciudadanía, organizada en asociaciones civiles de todo tipo, que promovieron ideas, y sobre todo impidieron bloqueos y chicanadas. No hay leyes perfectas, como no hay democracias ni naciones que merezcan ese calificativo. Pero lo que se ha aprobado es, indudablemente, un avance de la mayor significación.

En lo relativo a transparencia, todas las organizaciones que reciban recursos públicos están obligadas a transparentar su uso, algo de gran importancia en el caso de partidos políticos, sindicatos y centrales campesinas. Se obliga a los legisladores a hacer públicos sus ingresos, así como el manejo de los recursos de las fracciones parlamentarias. Se fortalecen otros elementos ya existentes con respecto a información pública.

En cuanto a corrupción, se crea un verdadero sistema anticorrupción, con más atribuciones para la Auditoría Superior de la Federación, la reiteración de la fiscalía independiente en materia de corrupción, y la creación de los Tribunales de Cuenta. Además, se incluye entre lo auditable a los recursos que anteriormente recibían las entidades federativas sin responder a nadie por su uso.

Estas dos leyes tardarán un rato en dar resultados plenos, y es posible que encontremos defectos que obliguen a correcciones, pero el avance que implican es en verdad importantísimo. En cuanto el Senado apruebe el sistema anticorrupción, el día de hoy, habrá que empezar a presionar a las legislaturas locales para que hagan lo propio.
Necesitamos 17 para que la reforma constitucional proceda, y empecemos a corregir un siglo de corrupción. Es histórico.

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