Constitución, democracia y desarrollo de la CDMX

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Con el tiempo podrá aquilatarse mejor la Constitución de la Ciudad de México pero ya puede decirse que es una extraordinaria base para potenciar la democracia y el desarrollo local. Lo es no sólo porque define y amplía los principios y derechos sociales, sino también porque establece instituciones y garantías adecuadas para su aplicación y para la prosperidad económica incluyente. Nada más, tampoco menos.

En estos días se han comentado sobre todo los rasgos formales de esta Constitución, el estilo y la extensión, por ejemplo, pero se ha dicho poco acerca de los avances que introduce en la forma y la práctica del gobierno, sus contrapesos y control, el ejercicio democrático ciudadano, las alcaldías, la autonomía de la procuración de justicia, o las disposiciones para el buen gobierno y el sistema anticorrupción. Se han trivializado la consolidación de derechos y los pasos adelante en la definición de sus garantías, y los procedimientos para exigirlos y ejercerlos, entre muchos otros aspectos que demandan atención más cuidadosa.

Aún cuando se dijo que el proyecto era sesgado, la nueva Constitución da un trato equilibrado a todos los agentes del desarrollo y a sus formas de propiedad, considera explícitamente la promoción de la inversión con certeza jurídica, y fija obligaciones para apoyar las empresas y el empleo. También asume con claridad la economía de la innovación y el conocimiento, y establece un marco obligatorio para la eficiencia regulatoria.

La Constitución tiene reglas claras para planear y reordenar el desarrollo urbano, frenar la expansión sobre las áreas de conservación, conseguir un crecimiento racional en el uso de los recursos vitales, sobre todo del agua, el espacio disponible y los servicios ambientales.

Con las disposiciones que establece podrán coordinarse mejor las políticas, la edificación y la renovación de la infraestructura, la promoción económica y la calidad de vida de la población. También determina que la Ciudad deberá gobernarse con un horizonte de largo alcance, obligatorio para los programas de gobierno y de las alcaldías, y un ordenamiento que aplicará para toda la sociedad.

Es una constitución incluyente y plural, formulada en las condiciones y prácticas reales de la democracia de aquí y ahora, que estaba obligada a considerar e incorporar las perspectivas comunes de todos los partidos representados en la Asamblea Constituyente y de los grupos sociales que intervinieron. Lo consiguió.

Cada párrafo, se dictaminó y aprobó por mayorías calificadas, que tenían divergencias de fondo e incluso en su idea de lo que debe ser una constitución, pero que permitieron convergencias y acuerdos. El proceso en sí mismo fue una prueba democrática estimulante y promisoria.

En los próximos cuatro años tendrá que modificarse la mayor parte de la legislación y emprenderse un gran cambio institucional, complejo pero viable. Algunos resultados se verán pronto, otros llevarán más tiempo, pero aquí está ya la plataforma constitucional aprobada.

El autor fue diputado constituyente de la CDMX, y es investigador asociado del PUED-UNAM.