Opinión

Consensos en energía: tomar con pinzas


 
 
Hay reformas que salen por consenso y resultan muy interesantes y profundas.
 
En México se han conseguido dos recientemente. La primera es la educativa y la segunda es la de telecomunicaciones.
Pero hacer reformas por consenso a veces tiene el riesgo de que por dar gusto a todos, el cambio se convierta en algo superficial.
Es el reto que existe hoy con la reforma energética.
Veamos algunos aspectos.
¿Cuál es el principal problema que hay con el sector de hidrocarburos?
A mi juicio podemos dividirlo en 3 partes.
 
1. Los proyectos que podrían aumentar la producción y las reservas de crudo y gas son en su mayor parte de los llamados 'no convencionales', como los que tienen que ver con el 'shale' gas y petróleo, así como los desarrollos en aguas profundas. En este tipo de proyectos, Pemex tiene desventajas y si pretende desarrollarlos en exclusiva, vamos a tardar tanto tiempo, que van a dejar de ser rentables cuando se concreten. Por lo mismo, se requiere un cambio legal que sería mejor que fuera Constitucional para permitir la participación privada en estos ámbitos.
2. El segundo tiene que ver con la forma de operar de Pemex. La relación que tiene la paraestatal con el sector público no le permite funcionar como empresa, con capacidad de decisión y gestión. A veces pareciera una supersecretaría más que una empresa pública. Y en ese ámbito también está el tema fiscal, que la ata y la carga en exceso. Los modelos de empresa pública eficiente son muchos en el mundo (Noruega, Brasil, Colombia, Saudiarabia, por citar sólo algunos) y se requeriría un cambio legal y en la estructura fiscal para hacer un nuevo Pemex.
3. El tercero tiene que ver con los organismos reguladores. No puede ser -como sucede de facto hoy- la secretaría de Hacienda, la que controle a Pemex. Si se le van a dar atribuciones para funcionar con más autonomía, se requeriría de un cambio, probablemente Constitucional, para dar más poderes a los órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía.
 
Si se pretende que los cambios permitan exclusivamente la inversión privada en algunos ámbitos de la petroquímica o en el transporte de hidrocarburos, además de dejarle muchos más recursos a Pemex, la reforma no va a funcionar.
Debe estar claro que el crudo no es de Pemex sino de la Nación, tal y como lo define el artículo 27 de la Constitución. De hecho si usted busca en la Constitución, no aparece Pemex por ninguna parte.
Esa parte de la Carta Magna no debe ni requiere cambiar.
Es factible que haya empresas privadas en el sector de hidrocarburos sin que cambie el hecho de que éstos son propiedad de la Nación.
Se ha difundido ampliamente que en diciembre de 1939, la Ley Reglamentaria del artículo 27, todavía en el gobierno de Lázaro Cárdenas, permitió los contratos-riesgo, que sin dar propiedad de los hidrocarburos a las empresas privadas, les permiten obtener ingresos en función de los resultados de su actividad en el sector.
Y, para permitirlos bastó la redacción constitucional de entonces. Hoy probablemente sería necesario cambiarla por la incertidumbre jurídica que existiría si sólo se permitieran a nivel de ley secundaria.
En 2011, ya como expresidente de Brasil, Lula acudió a México y hablando sobre la industria petrolera, expresó algo que sigue siendo válido:
“No concibo cómo un país deja de hacer una obra porque ideológicamente alguien piensa que lo debe de hacer el Estado, pero si el Estado no puede hacerlo, entonces es correcto que se produzca una alianza con empresarios”.
El dilema es el mismo: hacer lo que funcione mejor o lo que dicte la ideología.
 
Twitter: @E_Q