Opinión

Consecuencias indeseadas de demandas racionales (I)

 
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Corrupción. (ciudadanosenred.com.mx)

En 1919, el economista John Maynard Keynes publicó el libro Las consecuencias económicas de la paz en el que cuestiona el Tratado de Versalles que concluyó la Primera Guerra Mundial. El Tratado, decía Keynes, fue brutal, una “paz cartaginesa” que sometió al enemigo, Alemania, a un estado de devastación contraproducente. Los países aliados en Versalles impusieron a Alemania el pago de todos los costos de la guerra y tiempo después, como predijera Keynes, el país estaba de rodillas y la población hambrienta y furiosa, ambos perfectos caldos de cultivo que fertilizaron el surgimiento de Hitler. Keynes mismo pronosticó que Versalles conduciría a una nueva guerra, y no se equivocó.

El Tratado de Versalles tuvo consecuencias indeseadas (la destrucción económica de Alemania como base para el crecimiento del nazismo), para una demanda racional (que quien generó la primera gran guerra del siglo XX pagase por su ambición y la destrucción que provocó).

Toda proporción guardada, en México tenemos un ejemplo de lo que Keynes vio como un ajuste excesivo del lazo sobre un actor político crítico. Hablo aquí de las leyes secundarias anticorrupción, que, humildemente creo, pueden tener efectos perniciosos para la gestión del Estado, la economía y, al final, la calidad de vida de la sociedad.

Déjenme ser claro: el reclamo social contra la corrupción es justo, necesario e imprescindible, es una demanda racional, pero su expresión a través de las leyes secundarias anticorrupción, (que van contra los síntomas y no las raíces) puede resultar en consecuencias indeseadas, un Versalles mexicano a escala. Déjenme exponer algunos detalles sólo para iniciar un debate.

Debemos considerar que tanto en ciencias físicas como sociales, cada acción tiene una reacción. En economía se habla de costos y beneficios.

Al parecer, en las propuestas de leyes anticorrupción no existen costos, dado que como todo funcionario es corrupto, al introducir las leyes todo lo que debe seguir son beneficios. Creo que están equivocados.

Para saber si efectivamente habría o no un costo, debería haberse investigado con los servidores públicos que a diario toman decisiones según reglamentos y leyes, que pueden ser buenas o no. Algunas de ellas por supuesto generan corrupción ya que el funcionario público estará dispuesto a “condonar la violación o acelerar el proceso si hubiera una propina”. A mi entender, en las investigaciones hechas por las organizaciones sociales y diputados, nunca se tuvo contacto con personas del Ejecutivo para conocer cómo una nueva ley encajaría dentro de la operación diaria de la administración pública. Esto es, si mejoraría la gestión burocrática o podría empeorarla. Debo suponer que no lo hicieron, ya que como lo mencione antes, asumen que todo servidor público es corrupto y que por ello hubiera sido una pérdida de tiempo hacer la investigación. La lógica de esto sería algo así como 'para qué vamos a hablar con el zorro sobre sus acciones cuando queremos crear una ley para atrapar zorros'.

En próximas columnas explicaré algunos de los costos que las leyes anticorrupción pueden generar sobre la operación del Estado. Mientras tanto, déjenme adelantar algo: en orden de mejorar la transparencia, en la que todos estamos de acuerdo, las nuevas leyes generarán un aumento de la burocracia, en número de personal y de trámites, una demora mayor en la aprobación de proyectos, una dilación en la ejecución de obras y, en consecuencia, mayores costos económicos para toda la población.

Las leyes secundarias están diseñadas para tratar los síntomas, no las raíces.

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