Opinión

Consecuencias indeseadas de demandas racionales (3)

 
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Ferguson. (Reuters)

Imagínese un país donde en las noches hay robos y crímenes. Ni la sociedad ni el gobierno han encontrado la forma de solucionar el problema. No son muchos los que roban, pero dado que no ha habido capacidad o voluntad para detenerlos, un día miembros de la sociedad civil promueven que el gobierno decrete toque de queda todas las noches. De ese modo, cualquier persona que sea encontrada en la calle después de las 8 de la noche, será arrestada y tendrá que probar su inocencia. Se publicitaría a diario quién fue arrestado y desde ese momento será juzgado mediáticamente y encontrado culpable por la sociedad. Esto es lo que propone la Ley 3-de-3: todo funcionario público es sospechoso por aproximación a la cosa pública. Estado de sitio para todos ellos, buenos y malos.

La Ley 3-de-3 hace extensiva esa sospecha de corrupción a los familiares hasta el cuarto grado. Nos dicen que en otros países así se hace y funciona, pero resulta que en esos países se le cree al servidor público. Por ejemplo, en una Corte de Estados Unidos siempre tiene ventaja lo que dice el policía; si el policía dice que el ciudadano lo trató de sobornar, el ciudadano deberá responder por eso. En los abusos de autoridad (están filmados) por los casos de arrestos y muertes en Baltimore y Ferguson, los policías han sido exonerados. Y agregaré; Estados Unidos no permite que sean juzgados los servidores públicos, Ejército incluido, por violación a los derechos humanos. Es por eso que no ha firmado tratados internacionales sobre este tema. En México, en cambio, el corrupto, el que abusa del poder o el que viola los derechos humanos es siempre el policía, nunca el ciudadano que también viola las leyes y corrompe para evitar sanciones.

En Estados Unidos, el servidor público es respetado y protegido. No se sospecha de antemano que todos son corruptos potenciales. En México, con las leyes secundarias de anticorrupción, si una persona quiere ser funcionario público tendrá que someterse a escrutinio público, dicen. ¿Es esta la mejor manera de atraer a personas honestas? Conozco numerosas personas que no asumirían una labor pública si eso conlleva tener que aceptar que son, por decirlo de algún modo, sospechosos potenciales a prima facie de un acto de corrupción que todavía no cometieron y quizás nunca cometan.

Diré más: en una sociedad donde la riqueza es mal vista, quien llegue a la función pública con un patrimonio elevado en relación a la distribución del ingreso del país, es corrupto por aproximación y deberá empezar a explicarse antes de comenzar a trabajar. Mediáticamente será sospechoso y juzgado de antemano. Esto seguramente, limitará la capacidad del Estado de atraer a gente buena y capaz.

Los salarios en el sector público son bajos. Pensemos por ejemplo en los de los policías que tienen que arriesgar su vida y recibir insultos a diario. Los creadores de políticas públicas mejor formados, tienen oportunidades de irse a trabajar al extranjero o a las empresas o instituciones privadas; y el Estado debe competir con esa oferta para lograr la mejor calidad posible en la gestión. Con leyes que obligan a cualquier persona privada a mostrar qué capital reunió en su vida, quienes han tenido una vida decorosa y privada, lejos de la luz pública, podrían tomar la decisión de no ser nunca funcionarios. Seguramente se perderá gente muy valiosa.

Esta columna reaparecerá el 22 de agosto.

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Twitter:@JaqueRogozinski

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