Opinión

Consecuencias indeseadas de demandas racionales (II)

 
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Burocracia.

En la columna anterior planteé mi preocupación sobre cómo las leyes secundarias anticorrupción podrían resultar un búmeran para una gestión pública moderna y eficiente. En mi percepción, dije, acabarían aumentando la burocracia, se demoraría la aprobación de proyectos y ejecución de obras y, al final, la sociedad y la economía enfrentarían mayores costos.

Ahora quisiera plantearles algunas razones de por qué creo esto. En la gestión pública existen normas y reglas de todo tipo. Muchas de ellas se crearon según la necesidad del momento, una buena proporción son buenas y muy buenas, y otras al ser obsoletas, fomentan hoy la corrupción. Pero el hecho es que allí están y el funcionario debe ajustarse y seguir la norma si no quiere ser acusado de, por supuesto, incumplir la ley, sea por prácticas corruptas o no.

Cuando hoy un servidor público honesto (que son la mayoría) se halla con estas normas, trata de convencer a sus superiores de que es racional eliminar las trabas burocráticas que aumentan ineficiencias. Un ejemplo de esto es la norma que existía en la banca de desarrollo de que si un crédito resultaba en impago por alguna razón, quien lo autorizó era responsable y debía pagar la cuenta del moroso. Esto generó una disminución en el acceso al financiamiento, porque los servidores públicos de la banca de desarrollo no estaban dispuestos a otorgar créditos a casi nadie, ante la incertidumbre de que una mala decisión empresarial o una crisis económica los dejase con la cuenta en su mesa. Esto se cambió con la reforma financiera. Estaban los incentivos para que los servidores públicos con espíritu de servicio promovieran cambios que beneficiarían a las pequeñas y medianas empresas en general.

Pero hay casos, en particular, donde también se pueden cabildear normas para mejorar las ineficiencias precedentes. Con las nuevas leyes secundarias, sin embargo, ya no habrá incentivos para que un funcionario promueva cambios ni en general ni en particular. Por el contrario, ahora habrá una serie de desincentivos. De entrada, el servidor público (que hoy es percibido como corrupto) apenas impulse un cambio cualquiera, podría suponerse que tiene interés personal de beneficiar a alguien. Ese funcionario honesto pensará dos veces antes de promover modificaciones al statu quo, pues si presiona se arriesgaría a una investigación por posible corrupción. Como en México el que es acusado de ser corrupto o culpable debe demostrar su inocencia, ese funcionario preferirá el estigma social de ser un burócrata a ser visto como corrupto de manera gratuita.

Un ejemplo llevado al absurdo. Supongamos que para conseguir una licencia de manejo una persona debe presentar cuatro fotografías Polaroid. Pero ahora ya no existen las cámaras Polaroid. Antes, la persona ofrecería una 'propina' para 'obviar' esa violación a la norma.

Ahora eso no sucederá. El funcionario ya no aceptará 'mordida' para dejar pasar una foto que no es válida según la norma y eso está bien, pero la persona deberá ingeniárselas para cumplir con la norma obsoleta. Si quien batalla contra la corrupción dialogara con los servidores públicos para ver el mejor modo de hacer esa guerra juntos, los resultados serían más razonables. Ganaríamos en eficiencia y transparencia.

Desgraciadamente eso no sucedió con el proceso de las leyes secundarias anticorrupción.

Opine usted: rogozinski@mitosymentadas.com

Twitter: @JaqueRogozinski

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