Opinión

Congreso y partidos no ponen el ejemplo

 
1
 

 

Sesion senado. (cuartoscuro)

El enojo por el gasolinazo motivó que diversos actores políticos –el presidente de la República, gobernadores, órganos autónomos y partidos políticos– propusieran medidas de austeridad para apoyar a la economía familiar (o simplemente para ser empáticos con la población).

El Instituto Nacional Electoral (INE) fue el primero en anunciar y ejecutar un plan de ahorro de más de mil millones de pesos que ya han tenido un fin claro y útil: apoyar a los consulados de México en Estados Unidos para defender a los mexicanos que sean perseguidos o deportados bajo el nuevo gobierno de Trump.

Diversos gobiernos estatales han propuesto medidas de ahorro, entre ellos Guerrero, Sinaloa y Jalisco. En el primero hubo una reducción de 30 por ciento al salario del gobernador y de 20 por ciento a los cuadros directivos de la burocracia, entre otras medidas de racionamiento. El Poder Judicial acordó una reducción de mil 900 millones de pesos mediante diferimiento de proyectos de obra pública, racionalización de los gastos de viáticos y pasajes, y reducción de adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Algunos partidos han propuesto medidas para reducir su financiamiento público, pero hay más palabras que hechos concretos. Una excepción ha sido el PRI de Jalisco que presentó un oficio a la autoridad electoral de la entidad para renunciar a sus prerrogativas de 2017 y que se destinen al Fondo Económico Familiar que anunció el gobernador.

Asimismo, el PRI ha propuesto reducir el número de legisladores plurinominales: 100 diputados y 32 senadores como una vía para ahorrar recursos.

Rezagadas se han visto las cámaras del Congreso de la Unión, cuando debiesen dar el ejemplo. La Cámara de Diputados anunció seis medidas, entre ellas eliminar el 'bono navideño', la restricción de viajes internacionales y la cancelación de diversas prestaciones, entre ellas telefonía, vales de gasolina y gasto en alimentos. Pero el ahorro es sólo de 130 millones de pesos, según Marko Cortés, coordinador parlamentario del PAN, es decir, 1.7 por ciento del presupuesto de los diputados para este año. Tan sólo el bono de 150 mil pesos dado a cada legislador a fines de 2016 sumó 75 millones, más de la mitad del ahorro propuesto.

En el caso del Senado no hay una meta numérica de ahorro. La senadora independiente Martha Tagle ha propuesto que los recortes sean significativos: propone reducir 22 por ciento el gasto de la Cámara alta, que incluye una reducción de 50 por ciento a la dieta de los senadores entre otros recortes administrativos.

Según análisis de Integralia, el ahorro del Congreso sería significativo si redujeran los montos de las asignaciones o prerrogativas de los grupos parlamentarios. Aunque la Auditoría Superior de la Federación ha señalado la falta de transparencia y control sobre estos montos, el Congreso mexicano sigue manejando dichos fondos con opacidad, incumpliendo el mandato de la Ley General de Transparencia.

Durante el primer año de esta Legislatura (septiembre 2015–agosto 2016), las asignaciones en la Cámara de Diputados ascendieron a mil 166 millones de pesos. La Cámara de Senadores no ha publicado la información de 2016, pero la más reciente data del periodo enero-junio de 2015, cuando las asignaciones a grupos parlamentarios ascendieron a 527 millones de pesos, lo que anualizado daría una cifra mayor a los mil millones de pesos. Ello significa que la suma de prerrogativas a grupos parlamentarios de ambas cámaras arroja una cifra anual superior a dos mil 100 millones de pesos. Si se redujeran dichas prerrogativas –que son adicionales a las dietas, viajes y gastos de funcionamiento cotidiano del Congreso– el ahorro sería significativo.

Si a tal medida se añadiera una reducción del financiamiento público de partidos, el ahorro anualizado sería de varios miles de millones de pesos. No sólo es el monto –siempre será marginal frente a los 270 mil millones que representará el IEPS de gasolinas en 2017, por ejemplo– sino el simbolismo y la oportunidad de reconstruir la confianza de la sociedad.

Finalmente, un argumento muy poderoso para reducir el financiamiento de los partidos y las asignaciones de los grupos parlamentarios: Los recortes –sean en una empresa familiar, una burocracia, la Iglesia o una organización criminal– sirven para revisar procesos, mejorar la coordinación y aumentar la eficiencia. Así como el exceso de dinero ha corrompido la misión de los partidos y burocratizado su estructura y funcionamiento, una reducción razonable y gradual del financiamiento podría tener justamente el efecto virtuoso de recobrar su misión, reducir burocracias enajenantes y devolverles el aire fresco y la pasión por la lucha política que casi todos perdieron hace mucho tiempo.

Twitter: @LCUgalde

También te puede interesar:
Nuevo Comité Ciudadano para combatir la corrupción
Trump y el futuro de la democracia
Agenda electoral 2017