Opinión

Congestión legislativa


 
 
Hasta hace poco el problema del Congreso mexicano era su inmovilismo. Hoy lo contrario ocurre y puede ser también un problema: una agenda muy ambiciosa de reformas estructurales, cambios legales y nombramientos de autoridades regulatorias que deben atenderse en las próximas semanas y cuya magnitud puede conducir a una congestión legislativa, eso es, la incapacidad operativa, humana y política del Poder Legislativo para procesar tal cúmulo de cambios.
 
En los próximos meses el Congreso debe desahogar diversas leyes obligadas por reformas constitucionales ya aprobadas. En materia educativa la Ley General de Educación (máximo 26 de agosto), la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley del Servicio Profesional Docente. En materia de telecomunicaciones, la lista es enorme: por ejemplo, unificar las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión; emitir una nueva Ley Federal de Competencia Económica; aprobar la Ley Orgánica del Organismo Descentralizado de Radio y Televisión Pública; una Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica; reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor; así como designar a los comisionados del nuevo Ifetel y de la Comisión Federal de Competencia Económica.
 
Asimismo, se realizarán dos periodos extraordinarios para resolver temas centrales: la minuta en torno a la transparencia y el acceso a la información pública, el código penal único, la reforma financiera (que incluye modificar 34 ordenamientos jurídicos), la de deuda estatal y la elección de un consejero del IFE, así como la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Con fecha 10 de agosto, debe aprobarse la legislación que regulará las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, la iniciativa preferente y la consulta popular. Asimismo, durante el otoño se abordarán las reformas fiscal y energética, las más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto.
 
Acaso los riesgos mayores de la congestión legislativa lo constituyen, por un lado, aprobar legislación que no haya sido evaluada y sopesada con cuidado. Por el otro, diluir en las leyes secundarias el impulso transformador de las reformas constitucionales y no vigilar su implementación correcta.
 
En el primer caso puede citarse la propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones que muchos afirman es ya un “compromiso político” al interior del Pacto por México, cuando todavía no hay el debido análisis y debate sobre las consecuencias de tal medida. Ávido de resultados, el gobierno y su partido pueden ceder a una política cuyos beneficios son limitados y que pueden causar un daño estructural al sistema electoral mexicano. Tampoco creo que se hayan meditado con cuidado las consecuencias de crear una Comisión Nacional Anticorrupción: muchas expectativas, quizá un experimento burocrático que se puede convertir en el “elefante blanco” de la actual administración.
 
Los cambios legales también pueden limitar el impacto de las reformas ya aprobadas. Según Ricardo Raphael, por ejemplo, la reforma educativa está en riesgo de naufragar debido a la mediocridad de las iniciativas de legislación secundaria que presentó el Ejecutivo. La reforma será letra muerta si no se aterrizan correctamente los “cómos”. Lo mismo ocurre con la regulación de las candidaturas independientes. Los requisitos para ser candidato y las modalidades de financiamiento y acceso a medios, por ejemplo, pueden propulsar o congelar la reforma política de 2012 y hacer nugatorio, en los hechos, el derecho a ser candidato sin partido.
 
Debe reconocerse el trabajo y la voluntad del Congreso mexicano para caminar a marchas forzadas y cumplir con una agenda reformista que puede sentar las bases de una profunda transformación de Mexico. Pero legislar temas tan complejos en un periodo de tiempo tan corto, con un Poder Legislativo con escasa experiencia y funcionamiento de su sistema de comisiones, entraña serios riesgos sobre la calidad de las leyes y su impacto.
@LCUgalde