Opinión

Conflicto presupuestario

 
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Miguel Ángel Mancera durante el lanzamiento de la estrategia de resiliencia de la CDMX. (cuartoscuro)

Por primera vez en casi dos décadas resurge el conflicto presupuestario. La semana pasada Miguel Ángel Mancera dijo “voy a defender la ciudad y su Fondeo de Capitalidad”. Criticó la sonrisa del secretario de Hacienda al entregar el Paquete Económico: “No sé de qué se ríe”. La presidenta del PRD dijo que formaría una comisión especial del partido para “buscar darle un rumbo diferente a este Presupuesto, un sentido diferente que favorezca a las familias mexicanas”. El Bronco declaró el viernes que “los recursos que se proponen en el tema de desarrollo social son exageradamente limitados, éste es el peor Presupuesto que ha presentado la Federación en el tema de inversión”.

Por muchos años la unanimidad fue el nombre del juego: los presupuestos eran aprobados por amplias mayorías cercanas al 100 por ciento. Incluso, en diciembre 2006, en medio del conflicto poselectoral de aquel año, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2007 fue aprobado con 95 por ciento de los votos. Apenas semanas antes el PRD había tomado la tribuna para impedir su toma de protesta y días después votaban a favor la propuesta del presidente “espurio” Felipe Calderón.

¿Por qué después de tantos años de felicidad presupuestaria renace el conflicto? Por una razón simple: hay menos dinero para repartir. Entre fines de los noventa y los últimos años, los presupuestos crecieron y crecieron. Entre 1997 y 2012, por ejemplo, el Presupuesto creció 108 por ciento en términos reales. El gasto en desarrollo social, que beneficia a muchos grupos sociales pero que también infla las bolsas de intermediarios políticos, creció 58 por ciento.

Las transferencias a las entidades federativas crecieron mil 652 por ciento de 1997 a 2015, y para el Presupuesto de 2017 incluso se contempla un crecimiento de 5.3 por ciento de estas transferencias, uno de los rubros más respetados cada año en el Presupuesto.

Con más dinero fruto de los elevados precios del petróleo –llegó a cotizarse en 100 dólares en 2012, hoy está en 38 dólares– había amplios recursos para la famosa 'piñata': dinero para proyectos clientelares de gobernadores y legisladores a cambio de su voto aprobatorio. Se estima que durante el gobierno de Felipe Calderón el tamaño de la bolsa para proyectos clientelares superó en algunos años los 100 mil millones de pesos, recursos que se etiquetaban para carreteras, caminos rurales, proyectos hidráulicos, universidades, canchas deportivas, programas sociales. Aunque a primera vista son proyectos de beneficio general, en muchas ocasiones eran recursos políticos para alimentar clientelas y engrosar el bolsillo de intermediarios y políticos corruptos. La industria de los 'moches' nace justamente con este mercado de repartición de favores presupuestarios a cambio de votos. Así se construyó la unanimidad.

El Proyecto de Presupuesto para 2017 es de 4.8 billones de pesos. Por primera vez en mucho tiempo hay una reducción respecto al Presupuesto del año anterior. Aunque es acotado, se trata de un decrecimiento real de 1.7 por ciento respecto a 2016. Muchos rubros sufren recortes, notoriamente proyectos de infraestructura que cae 27 por ciento, subsidios que cae 21 por ciento y los ramos administrativos 17 por ciento; por ejemplo, economía y medio ambiente (38 por ciento) y turismo (35 por ciento).

Los recortes del PEF 2017 buscan moderar la deuda total del sector público; los llamados Requerimientos Financieros del Sector Público, lidiar con la baja del precio del petróleo y mantener la estabilidad económica. El sector privado ha exigido un recorte mayor de hasta 600 mil millones de pesos, pero con presupuestos inerciales e ineludibles: casi 90 por ciento lo es porque incluye sueldos, salarios, pago de pensiones y servicio financiero de la deuda; los márgenes de maniobra son muy reducidos. Por eso siempre los proyectos de inversión son sacrificados, porque nadie grita hoy aunque el país y su crecimiento económico sufran en el mediano plazo.

El gobierno busca salir del paso maniobrando para ajustar sus finanzas sin atacar el problema de fondo, que consiste en una base recaudatoria muy limitada y un crecimiento desmedido del gasto público en nómina, servicios personales y programas clientelares sin beneficio social.

Aunque en 2013 se realizó una reforma fiscal que aumentó la recaudación tributaria, es insuficiente para financiar el déficit del sector público y estimular el crecimiento económico. Aunque en 2015 se anunció una revisión del Presupuesto con enfoque base cero, nunca se hizo con profundidad ni seriedad. El gobierno redujo el número de programas de mil 97 a 851, pero jamás se recortaron programas con base en su rendimiento social o efectividad.

Se requieren mayores ajustes al gasto, pero no hay margen para ello en el corto plazo. Mientras tanto, la deuda seguirá creciendo. Como en materia electoral, la próxima ocasión para abordar con seriedad una reforma fiscal será hasta 2019 que contemple, antes que buscar más ingresos, mejorar la calidad y reducir la cantidad de gasto público. Sólo entonces, una vez que el gobierno gaste menos y mejor, buscar nuevas formas de recaudación.

El combate a la corrupción es parte de esa reforma del gasto público. Se estima que el sobrecosto de contrataciones y obra pública puede ser de hasta 30 por ciento para alimentar sobornos y 'moches'. Dicho de otra forma, sin corrupción habría 30 por ciento más de recursos en el rubro de inversión pública y adquisiciones para programas sociales e infraestructura.

Twitter: @LCUgalde

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