Opinión

Conflicto de interés y corrupción en la Secretaría de Energía

Para nadie es un secreto que el sector energético se ha vuelto una mina de oro y un trampolín político de muchos políticos que se han convertido en grandes empresarios del sector, en detrimento de la función pública.

Ahí tenemos los casos Pemexgate, Oceanografía, la conspiración de César Nava, los conflictos de interés de Georgina Kessel, exsecretaria de Energía, o de Juan José Suárez Coppel, exdirector de la paraestatal, por mencionar sólo algunos.

En medio de esta lista de casos, la auditoría realizada por el despacho Castillo Miranda y Compañía a los estados financieros consolidados de Pemex y organismos financieros, al 31 de diciembre de 2013, refiere como una de las “principales transacciones” con la alta dirección de Pemex el caso del actual titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

Joaquín Coldwell, quien funge también como presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, es accionista de 6 empresas “que tienen celebrados contratos de franquicias con Pemex Refinación para la compraventa de gasolina y otros productos, así como para la prestación de otros servicios”.

De acuerdo a la lista aportada por la auditoría, el exdirigente nacional del PRI durante la campaña presidencial del 2012 tiene el 60 por ciento de las acciones de Servicios Cozumel SA de CV, desde febrero de 1994; el 40 por ciento de las acciones de Planta de Combustible Cozumel SA de CV, creada también en febrero de 1994; el 40 por ciento de las acciones de Gasolinera y Servicios Juárez SA de CV, creada el 14 de diciembre de 1995; el 20 por ciento en Combustibles Caleta, constituida en noviembre de 2001; el 25 por ciento en Combustibles San Miguel SA de CV, constituida en mayo de 2008, y el 25 por ciento en Combustibles Tatich SA de CV, constituida en diciembre de 2009.

El resto de las acciones en los seis casos son repartidas entre los hijos del secretario de Energía (Pedro Óscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis), su padre Fausto Nassim Joaquín Ibarra y su sobrino Ignacio Nassim Ruiz Joaquín.

La misma auditoría advierte que, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, “todos los trabajadores de Pemex están obligados a excusarse de intervenir por motivos de su encargo” en asuntos que beneficien a sus familia, incluyendo cónyuge, parientes consaguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado.

En este caso, no se trata de un trabajador de Pemex sino de quien será responsable de “adjudicar asignaciones y selección de áreas” y contratos que se llevarán a cabo con las nuevas leyes energéticas, según el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en la materia. El secretario de Energía presidirá también el Consejo de Coordinación del Sector Energético, mecanismo para coordinar el trabajo de todos los órganos regulados en materia energética.

En otras palabras, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, tendrá acceso a información privilegiada que puede usar en beneficio propio o de sus familiares, según establecen los datos de la misma auditoría a Pemex.

La airada defensa que ha hecho la Secretaría de Energía a su titular y representantes del mismo gobierno y de su partido, el PRI, evaden mencionar que el mismo Pedro Joaquín Coldwell, señaló durante la presentación del paquete de reformas energéticas secundarias que los comisionados de los órganos reguladores están impedidos para conocer asuntos en los que tengan conflictos de interés e, incluso, podrían ser removidos por esta causa.

Los datos advierten que Pedro Joaquín Coldwell estaría incurriendo en casos de responsabilidad administrativa, actuando en beneficio personal, y representa un riesgo latente para el buen desempeño del sector energético por ser juez y parte en temas tan delicados como los contratos con privados.

A menos que el titular de la Secretaría de Energía renuncie a su cargo o venda su propia participación accionaria en estas empresas familiares, estamos ante un caso de claro conflicto de interés y de posible corrupción.

Resulta más grave que en el paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo federal, el tema del combate a la corrupción en este sector que genera multimillonarios contratos se haya dejado fuera o minimizado.

Por estas razones, impulsamos desde el Senado de la República un punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo federal separe “de manera inmediata” de su cargo al secretario de Energía y que la Auditoría Superior de la Federación realice una amplia y detallada investigación sobre otros posibles casos de conflicto de interés.