Opinión

Concluye plazo para inicio de juicios orales en medio de incertidumbre

 
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Juicios Orales. (Cuartoscuro)

El inexorable tiempo ha puesto ya a muchas de las autoridades vinculadas a la administración de justicia en el país, y a muchos abogados, ante la nueva y desafiante realidad de la implementación y operación de los juicios orales. El próximo 8 de junio de 2016 es la fecha marcada en el calendario como definitiva.

Desde que se programó constitucionalmente el cambio, hace casi 8 años, se contemplaba que la gradualidad en la entrada en vigor del sistema en cada entidad federativa permitiría una razonable acumulación de experiencia para mejorar la logística de cada nuevo adherente. Lamentablemente, y a pesar del largo plazo para la instrumentación, la improvisación y la prisa son las condiciones que parecen alimentar las decisiones, prevaleciendo en la mayor parte de las entidades una situación apremiante.

De hecho, la entrada en vigor de los juicios orales en la Ciudad de México, en el ámbito federal, es una buena muestra de las dudas y escenarios tentativos que se multiplican a lo largo del país. La preocupación no queda contenida en aspectos académicos, sino que en cada proceso penal mal conducido existen consecuencias graves para los involucrados, y más aún, para el sistema judicial en su conjunto, que ha apostado muchas de sus fichas a esta modalidad. De hecho, podemos decir que el viraje de nuestro sistema de justicia hacia la oralidad es, junto con la constitucionalización de los derechos humanos, el cambio más importante en la historia del derecho mexicano.

Buena parte de las preocupaciones apuntan hacia la carencia de aspectos técnicos básicos que aún deben ser desarrollados, desde la construcción o habilitación de salas para juicios, hasta cuestiones tan secundarias pero trascendentes como la operación de cámaras y la dotación de sistemas robustos para almacenar, clasificar y hacer accesibles los materiales videograbados de miles de juicios que cada día tendrán lugar en el país. Las otras cuestiones que apremian son las atientes a los aspectos humanos propios de los cambios de gran calado: capacitación insuficiente, desacoplamiento con otras instancias judiciales y resistencia al cambio. Sobre este último punto, es de llamar la atención la poca aceptación que el nuevo sistema de oralidad tiene entre los operadores del aparato judicial en el país, que no parecen comulgar con las nuevas formas, ni con los resultados que con tanto entusiasmo espera la sociedad civil del nuevo formato. Para hacer las cosas aún más complicadas, hay que recordar que el sistema escrito tradicional deberá mantenerse para los procedimientos ya existentes, lo que obliga presupuestar que ambos mecanismos deberán cohabitar por varios años.

Un punto particularmente preocupante es el relativo a la llamada “cadena de custodia”, que es uno de los ejes centrales del sistema oral para la preservación de la certeza en la obtención y preservación de pruebas, y que requiere de una serie de protocolos por parte de la autoridad, que no parece estar en consonancia con los avances existentes. De no mejorarse en este y otros puntos medulares del sistema, serán muchos los casos de delincuentes liberados por deficiencias técnicas en el manejo de sus expedientes.

Es claro que los juicios orales son una nueva realidad en el sistema jurídico mexicano, a partir de la cual se pretende superar muchas de las trabas históricas que el sistema tradicional ha desarrollado. Bajo esa condición, no queda tiempo ni para titubeos ni para demoras, y todos, abogados, peritos, auxiliares, jueces, policía y ministerios públicos, debemos hacer un esfuerzo extraordinario para intentar llegar a tiempo a la cita.

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