Opinión

Competencia y precios

Una de las conclusiones que puede derivarse de las encuestas recientes que toman el pulso de la opinión pública acerca de diversos temas, en este caso de las reformas estructurales, es que no ha habido una clara estrategia de comunicación por parte de las autoridades, para que la población en general se forme un juico razonable y bien informado. Un elevado porcentaje de la gente sigue pensando que las reformas en materia de energía implican pérdidas de soberanía, e imaginan que pronto vendrán muchas empresas extranjeras a llevarse, como puedan, nuestros recursos. En materia de precios, quizá llevados más por imágenes del pasado, son pocos los que opinan que los cambios en esta área y en materia de telecomunicaciones traerán consigo precios más bajos de algunos productos y servicios.

Para empezar hay que explicar a la población que bajo competencia no hay una empresa que pueda dominar el mercado y establecer las condiciones, principalmente de precio, bajo las cuales se entregan los productos o servicios a los consumidores finales. Son aspectos como la presentación, la calidad, empaques, cobertura y tecnología los que determinan cual empresa tendrá el mayor número de clientes. En este aspecto, han sido demasiados los años en que los monopolios del Estado han producido y entregado al públicos sus servicios.

En el caso de la electricidad, en los recibos que emite la empresa para el cobro de su servicio, aparece una leyenda acerca de cuánto está subsidiando el gobierno el mencionado servicio. Aun cuando la información fuera confiable y correcta, es de todos sabido que la empresa tiene una gran cantidad de problemas, como el exceso de personal y sus prestaciones, entre otros que la hacen sumamente ineficiente.

Lo mismo sucede con la petrolera. Durante años ha estado produciendo en condiciones de muy bajos precios de extracción y cotizaciones mundiales muy atractivas, aunque el producto que recibimos como sociedad de una empresa que se dice es de nosotros, es muy cuestionable. Los robos de combustible, los intereses y el servicio de la deuda, y las ineficiencias -empezando por el exceso de personal-, nos hacen dudar de que con el monopolio libre de inversionistas extranjeros conservamos soberanía y los productos de la empresa son para todos los mexicanos. En caso de aprobar la legislación secundaria en la materia, una condición necesaria pero no suficiente para que los precios bajen es que se haga una limpia a fondo en las mismas, se despida personal amañado y corrupto y se disminuyan los costos de operación. Solamente así podríamos aspirar a tener combustibles baratos, producto de la eficiencia, no de subsidios u otras maniobras.

La memoria de la población todavía tiene presente lo sucedido cuando la privatización de los servicios de telefonía, de las líneas aéreas y los bancos, que bajo el pretexto de modernizar los servicios, mantuvieron precios muy elevados de sus servicios. Todavía una de las líneas aéreas privatizadas, la que sobrevivió, tiene tarifas que escandalizan al público y que no compiten con las de las llamadas líneas de bajo costo, las cuales no pueden atender a todo el público ni competir con la otra, porque no tienen acceso a muchas rutas; esto es, la competencia es en condiciones desiguales. Lo mismo pasa con la telefonía y otros servicios de telecomunicaciones y los servicios bancarios, en donde los que cobran muy caro dicen que han invertido mucho. El caso es que la mayoría de los consumidores puede beneficiarse de la mayor competencia y el cambio en las reglas. Todo es cuestión de no dejar cabos sueltos y preocuparse por mantener las condiciones de mayor competencia.

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