Opinión

Comicios en riesgo, ante delitos electorales

    
1
   

       

Votos. (Cuartoscuro)

Compra de votos, peculado electoral y condicionamiento de programas sociales son tres de los delitos más recurrentes en tiempos de elecciones, situación que de alguna manera provoca que la competencia política que se vive en cuatro entidades del país no concluya con saber quién de los candidatos gana, aunque no sea el mejor preparado para gobernar, sino quiénes de ellos y sus equipos infringen más la ley para llegar al cargo público en disputa.

Es lamentable que conforme avanzan los procesos políticos para los comicios en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México, los delitos electorales son cada vez más frecuentes y a la fecha en esas cuatro entidades suman más de dos mil carpetas de investigación, lo que de alguna manera nos hace pensar que estos aumentarán conforme se acerque la fecha del primer domingo de junio, porque está probado que en la búsqueda de votos todavía hay quienes piensan en todo un catálogo de operativos irregulares que no acaban de desaparecer a pesar de reglas y sanciones cada vez más amplias y severas en materia electoral. Además de los señalados, están los conocidos como ratón loco, operación tamal, robo de urnas, turismo electoral y otros.

“La mayoría de esos delitos se cometen al amparo del ejercicio del poder”, nos comentó en reunión con un grupo de periodistas el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, y a manera de ejemplo nos dijo que en lugares donde el Partido Acción Nacional es gobierno la mayoría de las denuncias son contra sus funcionarios, e igualmente sucede con otros partidos, por lo que en este tema “el punto central está en la ética política” de quienes los cometen.

El fiscal dijo que, no obstante que en 2014 se expidió la nueva ley donde se establecieron nuevos tipos de delitos electorales y sus sanciones, y se mejoraron las reglas de fiscalización, mientras no exista una vinculación entre delitos electorales y el sistema anticorrupción, “el modelo de justicia en la materia será incompleto.

“Tenemos que evitar que los programas sociales se usen para fines electorales”, y para ello es importante que cuando estas entregas se tipifican como delitos, la sanción sea efectiva, y agregó que las elecciones que se han anulado en los últimos años han tenido que ver con la participación de secretarios, por lo que Santiago Nieto pidió que los gobiernos sean respetuosos de la ley y responsables de lo que hacen.

En ese contexto, en aras de la legalidad en los comicios electorales que están en curso, y tal vez porque los delitos en la materia están al alza en todas sus modalidades, sería bueno que todos los involucrados en los procesos comiciales tomaran en cuenta la recomendación del consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, en el sentido de que la “prudencia y legalidad son la guía del accionar de los gobernantes en la etapa de campaña”.

Desoír o tratar de desconocer ambas declaraciones entre quienes contienden en pos de un cargo de elección popular es ir contra las reglas que existen al respecto y, sobre todo, atentar contra toda ética política y en ese marco de faltas, lo peor no es que se cancelen o repitan los procesos, sino que inhiben la participación ciudadana y debilitan el accionar de las instituciones en nuestra ya de por si incipiente democracia. Ese es el punto.

También te puede interesar: 
Testigos protegidos, en entredicho
PRD coquetea con Cárdenas
Ilusos