Opinión

Combatir la impunidad

Policías estatales de Guanajuato se llevaron a un joven, al parecer recién llegado de Jalisco para asistir al Festival Internacional Cervantino.

Su compañero lo buscó en la comandancia. Le dijeron que no estaba allí.

Al día siguiente el joven apareció sin vida.

De acuerdo con la versión del acompañante, los policías se lo llevaron sin motivo. Al parecer, antes de ser sujetado el joven dijo: “Vámonos, se quieren poner perros los polis”.

No, no se querían poner perros. Estaban en su papel de autoridades, de esas que desafortunadamente abundan en el país: autoridades arbitrarias, abusivas, ventajosas. Y, tal vez, homicidas.

Días antes, nos enteramos por un video del trato que policías municipales de Cuautitlán Izcalli dieron a un grupo de jóvenes, a los que insultaron y a quienes, aparentemente, intentaron sembrar droga. El video muestra la prepotencia, el halo de impunidad, el goce enfermizo del pequeño poder, por parte de los policías.

Y qué decir del caso de los normalistas en Iguala.

A la sombra de una violencia extendida, los malos servidores públicos de diversos niveles exhiben el grado de crueldad del que son capaces.
Enfundados en uniformes o investidos de alcaldes o jefes de seguridad pública, estos delincuentes, envalentonados por sus posiciones públicas o por una placa erróneamente confiada a ellos, detienen, privan de la libertad, asesinan.

Desde luego, el poder no es intrínsecamente malo, pero sí puede serlo su ejercicio.

La violencia es una forma de cobardía, y lo es doblemente si se ejerce desde una posición de poder.

Si, además, el abuso es solapado desde las más altas cumbres del poder en esa comunidad, en ese estado, la indefensión ciudadana es casi absoluta.

No hay a quién recurrir. Es la soledad de la vulnerabilidad.

¿Quién previene y evita estos actos arbitrarios y quién, en su caso, protege a las víctimas, defiende a sus familiares, se opone a la injusticia?

Muchos son los gobernantes que usufructúan los halagos, las comodidades, las sensaciones del poder. Llegan a sentirse, mitología llevada al absurdo, mitad dioses, aunque hay quienes se ven a sí mismos como divinidades completas.

Estados que son ínsulas. Estados dentro del Estado que defienden su soberanía para encapsular el abuso.

Enorme es el desafío para el gobierno federal. Para todos.

Cómo restañar el entramado social, cómo rescatar la tranquilidad, la paz pública, la confianza en las instituciones.

No es fácil, desde luego, ni puede hacerse en un día. Pero sí puede hacerse algo cada día.

El primer paso es acabar con la impunidad: que la arbitrariedad tenga un costo, que se sepa que no se puede abusar del poder, que quede claro que quien lo haga será castigado. Que el poder de ningún funcionario le da derecho a cometer delitos. Que no se va a permitir que se lastime, insulte, agreda o se prive de la libertad al más modesto ciudadano.

Hay muchos otros caminos, como la legislación, la aplicación de políticas públicas asertivas, la prevención, la educación, la promoción de los derechos humanos, y hay que avanzar en todos ellos.

Pero lo que es urgente, hoy, ya, es combatir la impunidad.