Opinión

Combate a la corrupción

 
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ME: Shannon K. O’Neil: Enfrentando la corrupción en México.

“Más preocupante que la ruina económica, es la ruina moral en el gobierno”. Dijo que hay “un nivel de corrupción nunca antes visto, presente en todos los niveles del gobierno”. Con esa claridad y contundencia habló Claudia Pavlovich, nueva gobernadora de Sonora, durante su mensaje de toma de protesta la semana pasada.

Instruyó a sus colaboradores a presentar su declaración patrimonial, de conflicto de interés y de impuestos, tal como ella lo hizo durante la campaña. Y les ordenó a que presenten una propuesta para la creación de una fiscalía anticorrupción independiente, que investigará y castigará a los funcionarios deshonestos.

Pavlovich tiene todos los incentivos para investigar y encarcelar a Guillermo Padrés, su antecesor. Anunció una investigación contra el exgobernador tras haber detectado un sobregiro de diez mil millones de pesos, aumento del doble de la deuda del estado, pagos no hechos por seis mil millones de pesos. “Si alguien piensa que podrá disfrutar lo que indebidamente se llevó, que lo piense dos veces. Nadie, absolutamente nadie, se va a salir con la suya”.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, toma posesión como gobernador de Nuevo León el 4 de octubre. Al igual que el caso de Pavlovich en Sonora, la corrupción del gobierno estatal fue una de las causas de su triunfo arrollador y él mismo ha generado una enorme expectativa de que la combatirá, especialmente de la administración saliente. En campaña firmó varios acuerdos anticorrupción frente a representantes de la sociedad civil y ya electo reiteró que irá a fondo en contra del gobernador saliente, de su familia y de todo aquel que se haya enriquecido indebidamente.

Ricardo Monreal, delegado electo de Cuauhtémoc en la ciudad de México, ha presentado ya denuncias en contra de quien resulte responsable por una supuesta red de corrupción que opera en esa demarcación y que se ha dedicado a destruir documentos oficiales que demuestran delitos como ejercicio ilegal del servicio público, robo, abuso de confianza, administración fraudulenta, daño a la propiedad, entre otros. Al igual que Pavlovich y Rodríguez, tiene todos los incentivos para hacerlo: no sólo reforzaría la percepción de que los gobiernos del PRD se corrompieron, sino que se posicionaría como candidato a jefe de Gobierno por Morena en 2018.

Salvo el caso del exgobernador Andrés Granier, de Tabasco, procesado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, no ha habido ningún caso significativo de combate a la corrupción en los últimos 15 años que haya involucrado a un político o funcionario de alto nivel. Quizá el último gobernador procesado penalmente fue Mario Villanueva (Quintana Roo, 1993-1999), acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito con recursos provenientes del crimen organizado. En México estuvo en la cárcel de 2001 a 2007, fue extraditado a Estados Unidos en 2010, ahí se declaró culpable y está en la cárcel desde 2012.

Frente a la omisión de los poderes federales para iniciar y ejecutar procesos penales en contra de servidores públicos corruptos, es probable que sean los poderes locales los que rompan la inercia y coloquen la agenda anticorrupción en el centro de la agenda pública. No será insólito que en los próximos meses dos exgobernadores de dos partidos diferentes enfrenten procesos penales, así como algunos exdelegados de la ciudad de México.

Sin duda esas acciones detonarían aplausos y darían enorme popularidad a los ejecutores y serían un estímulo para que varios candidatos a gobernador en 2016 usen el tema de la corrupción como catalizador del descontento; también pueden ser un incentivo para que la integridad y el combate a la corrupción sean los temas eje de la campaña presidencial de 2018.

El riesgo, sin embargo, es que se atrapen “peces gordos” sin una estrategia integral de prevención. Que el aplauso y la popularidad sean el objetivo en lugar de construir gobiernos más íntegros y honestos. Que hayan cacerías de brujas y se atente contra el debido proceso sin atacar las causas de la impunidad, el peculado y el cohecho.

El riesgo para el gobierno federal es ser un mero espectador y quedarse sin credenciales para que su candidato presidencial en 2018 tenga argumentos frente a los críticos que usarán el tema para denostar al PRI y equipararlo con la corrupción. Sin acciones concretas del gobierno federal será muy difícil navegar la campaña presidencial. Que haya un sistema nacional anticorrupción en proceso de construcción es un mérito compartido del gobierno y los partidos, pero insuficiente porque el hartazgo de la sociedad requiere acciones, no más promesas de leyes.

Curiosamente los que pueden romper el pasmo y accionar la lucha real en contra de la corrupción pertenecen a partidos diferentes: ella del PRI, ellos uno independiente y el otro de Morena. Y los acusados serían también de diversos partidos: uno del PAN, uno del PRI y quizá algunos locales del PRD. Una buena manera de mostrar que la corrupción es un problema estructural, no de siglas o colores.

Twitter: @LCUgalde

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